AGENCIA
Nacional.- Desde la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el organismo ha quedado prácticamente paralizado. Entre las principales afectaciones se encuentra la desactivación de la plataforma interactiva de fosas, el cierre del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la interrupción del diálogo con colectivos de búsqueda.
José Luis González, expresidente de la Comisión de Búsqueda de Sonora y exresponsable médico del CNIH, denunció que el organismo que cotejaba muestras genéticas de cuerpos almacenados en servicios forenses y hallados en fosas clandestinas ha sido desmantelado. González, quien participó en la creación del centro a invitación de Karla Quintana, fue testigo del abandono de los trabajos.
La salida de Quintana ocurrió luego de que rechazara la propuesta gubernamental de realizar un “censo” de desaparecidos, impulsado por la Secretaría de Bienestar, que pretendía reducir la cifra oficial de más de 100 mil desaparecidos. Tras su renuncia, el gobierno designó a Teresa Guadalupe Reyes como nueva comisionada, pese a su falta de experiencia en búsqueda e identificación de personas.
González relató que, desde 2022, el CNIH había avanzado en la crisis forense, contando con tres equipos de última tecnología donados, utilizados anteriormente en la identificación de víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Con estos equipos se logró identificar a más de 20 personas en Colima, pero el cambio de administración detuvo dichos trabajos.
Un informe interno de la Secretaría de Gobernación al que tuvo acceso La Silla Rota confirmó que la nueva comisionada detuvo las labores del CNIH, argumentando presuntas fallas administrativas. Como resultado, 3 mil 711 muestras genéticas recopiladas en 2023 quedaron sin procesar y fueron enviadas a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
Además, Reyes reemplazó a los directivos del CNIH con un contador público, decisión que provocó la salida de especialistas en búsqueda e identificación forense. A inicios de 2024, la mayoría del personal fue despedido y los equipos de identificación fueron retirados, dejando las instalaciones del centro semiabandonadas.
Colectivos de búsqueda y expertos han cuestionado la falta de experiencia de Reyes y su nula interlocución con familiares de desaparecidos. También han señalado irregularidades en su gestión anterior, cuando encabezó la coordinación de delegaciones de la Secretaría de Bienestar en 2019. Según la Auditoría Superior de la Federación, en ese periodo se detectaron anomalías en el manejo de más de 2 mil 700 millones de pesos destinados a la contratación de “servidores de la nación”, sin que se encontraran registros de contratos ni evidencia del trabajo realizado.
La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer las fiscalías estatales con áreas especializadas en búsqueda de desaparecidos es vista como un paso correcto. No obstante, expertos advierten que sin personal especializado en antropología, arqueología y criminalística, la medida podría no ser suficiente para enfrentar la crisis forense y de desapariciones en el país.
