El 30 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma en materia de impugnabilidad de adiciones o reformas a la Constitución, conocido como la Ley de Supremacía Constitucional. Con 340 votos a favor y 133 en contra, la iniciativa, impulsada por los diputados de Morena y sus aliados, busca blindar la reforma judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la discusión, Leonel Godoy, diputado de Morena, aseguró que la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional permanecen intactas, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución. “No hay ninguna modificación a este derecho de los estados, municipios, federación, poderes, partidos, grupos parlamentarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República”, aclaró.
La reforma propone adicionar un quinto párrafo al artículo 105 para enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar las adiciones o reformas a la Carta Magna. Además, se pretende reformar el artículo 107 para indicar que el amparo no procederá contra tales modificaciones.
Godoy explicó que el juicio de amparo continuará como hasta ahora, manteniendo su validez en casos de expropiaciones, violaciones a derechos humanos y privaciones ilegales de libertad. “El juicio de amparo sigue tal cual”, reiteró.
Por su parte, la diputada Olga Sánchez Cordero Dávila destacó que la reforma busca “constitucionalizar” el artículo 61 de la Ley de Amparo. “Apunta hacia un escenario que rescata el poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas e integra un modelo de ingeniería constitucional que abandona el principio de progresividad”, afirmó, añadiendo que esto no es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Con esta reforma, el gobierno busca establecer un marco legal más sólido y eficiente que garantice la estabilidad de las reformas constitucionales, generando un nuevo debate sobre la relación entre soberanía, derechos humanos y el futuro jurídico de México.
