Por: Andrés Timoteo / columnista
Ya se ha dicho en muchas ocasiones que en política no se castiga el pecado sino el escándalo y prueba nítida de ello es el maremágnum que ocurre en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Allí, al igual que hace 13 años, cuando el entonces coordinador de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, Rene Bejarano fue videograbado recibiendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada, otro seguidor de Andrés Manuel López Obrador fue exhibido en las mismas circunstancias: recibiendo dinero para el proyecto del “cambio verdadero”.
Fue Eva Cadena Sandoval, diputada local con licencia y hasta ayer candidata a la alcaldía de Las Choapas, ya que fue obligada a renunciar a la postulación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Vaya golpe tremendo para Morena y López Obrador, quien a pesar de que por medio de un video trató de deslindarse del caso, es inminente que la corrupción de la ya excandidata en Las Choapas le acarreará un costo electoral.
Lo sucedido en Las Choapas resonará en el Estado de México, donde hay la disputa electoral más importante de este año, y retumbará hasta el 2018. El video de la señora Cadena recibiendo fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa de papel con el prometido de que serán para López Obrador, es un ariete mediático inigualable para todos los que intentan ponerle un freno al fundador de Morena, hoy puntero en la disputa presidencial. Por eso lo repetirán y lo aludirán mil veces.
Golpe certero, sin duda, y que podría agrandar su radio de destrucción en el proyecto pejista pues algunos aseguran que los empresarios de Coatzacoalcos que se entrevistaron con Cadena Sandoval fueron personeros, nada más y nada menos, que de Antonio Macías Yaseguey, el padre de Karime Macías y suegro de Javier Duarte de Ochoa. Al menos eso trascendió en el maremoto de especulaciones que ayer corrieron como pólvora encendida.
Este escándalo afecta también directamente a la diputada federal, Rocío Nahle, quien fue la impulsora de Eva Cadena desde el 2016 para que fuera candidata a la diputación local, aunque la zacatecana ya desconoció a la creatura, al igual que lo hizo el resto de los dirigentes de Morena. Es más, la secretaria general del partido Yeidckol Polevnsky hasta la acusó de ser panista y cómplice del “complot” contra López Obrador, sacrificándola en el intento de hacer un control de daños.
Alegan que Cadena no es cercana a López Obrador ni le entregó la bolsa de dinero y le exigieron no sólo renunciar a la candidatura municipal sino dejar la diputación local, que no vuelva a la curul de la que solicitó licencia. Es más, le advierten que si se atreve a regresar al Congreso local –lo que ayer martes anunció, que retornará a la diputación local- no la aceptarán en la fracción parlamentaria de Morena. La historia se repite y ahora es La Bejarana choapense la apestada por poner en predicamento los tres mandamientos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Por cierto, dice la diputada Cadena que fue un “error” haber recibido ese dinero. No, lo que cometió fue un delito y debe andar con cuidado porque en una de esas termina como René Bejarano quien pasó ocho meses en prisión acusado de seis delitos, entre ellos lavado de dinero. Una pejista tras las rejas es tentación para los detractores. En fin, el tiempo gira en espiral, ya lo dijo Gabriel García Márquez, ayer fue El Señor de las Ligas y ahora es La Señora de las Bolsas.
LOS PIES DE BARRO
Ya se ha dicho en otras ocasiones: nadie puede debatirle a López Obrador su rectitud pues si fuera corrupto ya lo hubieran encarcelado, pero el sistema no ha podido comprobarle ningún ilícito que lo involucre a él personalmente. Sin embargo, su proyecto tiene pies de barro, sobre todo en Veracruz donde le asiste gente fácilmente corruptible y peor aún, algunos arrastran nexos con la fidelidad y el duartismo.
Actualmente el proyecto obradorista tiene tres flancos débiles por los que lo han golpeado y lo seguirán haciendo en el entendido de que podrían multiplicarse las pruebas de la corrupción: el diputado federal y excandidato a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez y las diputadas locales Eva Cadena Sandoval y María del Rocío Pérez Pérez, diputada por el distrito de Cosoleacaque. Sobre García Jiménez pesa la sombra de ser uno de los negociadores y beneficiarios en primera línea de la llamada alianza PRIMOR (PRI-Morena) o DUARPEJE (Duarte-Peje) en el 2016.
El mismo abanderado perdedor del PRI, Héctor Yunes Landa revela que los encuentros de García Jiménez con Duarte eran en Casa Veracruz donde acudía hasta dos veces por semana y el vehículo en el que entraba Cuitláhuac salía más pesado, dando a entender que trasladaba el dinero entregado. Hay quienes aseguran que esos encuentros fueron videograbados por el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy preso en Pacho Viejo y quien está proporcionando los archivos de audio y video a cambio de prebendas en la prisión.
De la diputada Rocío Pérez, a quien sus propios compañeros de legislatura le apodan “La roba-celulares” por eso de que hurtó el teléfono móvil de su compañero Sebastián Reyes y fue captada por la cámara de un reportero, todos saben que es una de las protagonistas del entuerto por el cual el gobierno de Duarte de Ochoa le entregaba 2.5 millones de pesos a ejidatarios de Tatahuicapan con el pretexto de que era para que éstos no cerraran las válvulas de la presa Yuribia, dejando sin agua a la ciudad de Coatzacoalcos.
La sospecha es puntual: mucho dinero desde el 2014 –al menos 60 millones de pesos- destinado para los campesinos nahuas y popolucas de ese lugar pero siguen viviendo en la mísera. Los habitantes de Tatahuicapan no han superado la extrema pobreza, sus localidades carecen de infraestructura básica, deficiencia sanitaria y otros indicadores de bienestar, entonces, ¿dónde quedó todo ese dinero? El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asegura que en realidad fue el financiamiento disfrazado para Morena, en el marco del pacto Duarte-López Obrador.
Este caso retumbará hasta el 2018, se insiste. Y no hay que perder de vista que Eva Cadena fue una de las que financió la campaña de Rocío Nahle, a la diputación federal del 2015 y que la propia Nahle tiene aspiraciones para ser la candidata al gobierno de Veracruz el próximo año si es que no se postula otra vez Cuitláhuac García. Así que ya tiene su primer “milagrito” colgado con La Bejarana del sur.
LEY ANTI-NARCO
Ayer se anunció que habrá reformas a la Ley de Tránsito. La noticia para el público en general es vendible en el punto de que las multas aplicadas a conductores que incurran en infracciones al reglamento, las cuales bajarán su monto considerablemente. La precisión es que “las infracciones denominadas como leves se disminuirán en un 44 por ciento; las muy graves serán reducidas en un 53 y las especiales bajarán en un 72 por ciento”, de acuerdo a lo anunciado.
Empero, lo más importante es lo de fondo de esa modificación legal que pretende combatir la corrupción y especialmente la colusión tanto de agentes como de los concesionarios del transporte público con la delincuencia organizada, según lo anunció el gobernador Yunes Linares. Dijo, por ejemplo, que se va a despedir a los “malos agentes” de Tránsito, pero que también se les va a procesar penalmente si se les comprueban nexos con el crimen organizado.
No es un secreto para nadie que la Dirección Estatal de Tránsito fue durante los últimos doce años un brazo ejecutor y recaudador de la mafia. Las 76 oficinas regionales o municipales de la dependencia funcionaban como cuarteles operacionales del crimen organizado y hasta existía la leyenda urbana de que los agentes del turno vespertino en ciudades como el puerto de Veracruz, eran en realidad sicarios de la delincuencia quienes portaban el uniforme institucional. Es más, en la ciudad de Veracruz ocurrio uno de los actos delictivos más sonados y que hasta la fecha no se ha resuelto: el ‘levantón’ –secuestro- el primero de junio del 2009 de Francisco Serrano Aramoni, administrador general de la Aduana Marítima de Veracruz, cuya camioneta fue interceptada a la altura del puente Morelos por agentes de Tránsito –o delincuentes que portaban ese uniforme- y hasta la fecha, ocho años después, sigue sin conocerse su paradero.
Por eso, el objetivo principal del reordenamiento en el área de Tránsito es el combate a la corrupción. Y ya comenzó pues en la ciudad de Veracruz el martes hubo una revisión general y se despidieron 10 agentes viales, lo que se suman a los 15 expulsados en enero pasado. Además, las instalaciones de la dependencia que se localizaron durante años sobre la avenida Montesinos fueron cambiadas a la colonia Playa Linda donde opera un módulo de la Policía Naval.
La razón, dijo Yunes Linares en conferencia de prensa, fue para evitar que el personal que allí labora estuviera bajo acoso del crimen organizado. Es decir, impedir que los delincuentes sigan usando esas oficinas y sus recursos como cuartel de operaciones.
Y también la intención de combatir la corrupción –sobre la que se soporta el crimen organizado- va del otro lado pues se anunció que se cancelarán concesiones de transporte urbano –camiones, taxis, moto-taxis y otros- a los que se compruebe que son usados para cometer delitos o que consumen combustible robado en ductos de Petróleos Mexicanos. O sea, se castigará a los clientes de los ‘huachicoleros’ o ‘chupaductos’.
En resumen, la nueva Ley de Tránsito es más un instrumento de combate al crimen organizado que de regularización vial y contrasta visiblemente con la reforma aplicada en el 2015, bajo el gobierno de Javier Duarte, en la que se dispuso de multas elevadas pues la intención era convertir a los agentes viales en recaudadores de dinero, el cual fluía por las dos vías: por la multa formal o por la ‘mordida’ –la más frecuente y la que alimentaba las cañerías de la corrupción-.
Las multas eran muy elevadas y por ende, las ‘mordidas’ crecían porque los sancionados preferían pagarlas que asumir el monto de la sanción formal. Ese dinero no pasaba por los conductos fiscales y se iba a la tradicional “caja chica” de los funcionarios pero sólo lo recaudado durante el día porque lo acopiado en la noche, que era mucho más numeroso, se le quedaba al crimen organizado. Por cierto, hay que recordar –y reconocer- que en el 2015, los tres únicos ayuntamientos que se opusieron al nuevo Reglamento de Tránsito y no lo aplicaron, fueron Boca del Río, Córdoba y Tuxpan.
