AGENCIA
Nacional.- Según una investigación reciente de la agencia ProPublica, Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, habría planeado un secuestro en 2006 como respuesta a los resultados electorales que otorgaron la victoria a Felipe Calderón. La información revela que su objetivo era secuestrar al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Leonel Castillo González, con la intención de revertir los resultados.
De acuerdo con el periodista Tim Golden, “La Barbie” habría enviado un convoy armado al tribunal electoral para ejecutar su plan. Sin embargo, el intento habría sido frustrado al llegar al recinto, ya que encontraron elementos del Ejército resguardando la zona, lo que obligó al convoy a regresar.
La investigación también señala que un operador del Cártel de Sinaloa habría entregado hasta 2 millones de dólares para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Además, se destaca que “La Barbie” habría proporcionado recursos para alimentar a los manifestantes que protestaron durante un mes en Paseo de la Reforma tras la convocatoria de López Obrador en desacuerdo con los resultados electorales.
En el entramado de la entrega de recursos del crimen organizado a la campaña de 2006, se menciona la participación de Nicolás Mollinedo Bastar, exchofer de López Obrador cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y jefe de logística de la campaña del izquierdista. Mollinedo, conocido como “Nico”, fue descrito como una “celebridad mexicana” que estuvo al lado de López Obrador en el icónico sedán Nissan blanco, símbolo del discurso contra los excesos de la política mexicana.
La investigación destaca que el padre de “Nico” fue amigo cercano de AMLO desde los tiempos en que este era activista en Tabasco. En septiembre del año pasado, Latinus reveló que la familia Mollinedo Portilla, incluyendo a los hijos de “Nico” (Nicolás, Samuel e Isaac René), se preparan para hacer negocios con el Tren Maya, ya que la estación Tulum se encuentra junto a un parque turístico de su propiedad.
Esta revelación plantea interrogantes sobre posibles vínculos entre el crimen organizado, la política y los negocios, sugiriendo una compleja red de relaciones que trasciende el ámbito electoral de 2006.
