Durante los últimos doce años, la organización priista Antorcha Campesina (AC), ha sido una de las consentidas del Gobierno Estatal. Sus dirigentes no sólo han sido premiados con cargos de elección popular y dádivas millonarias, transferidas por medio de programas de ayuda social, sino que se toleró las prácticas delictivas de invadir terrenos para fundar ‘ciudades perdidas’, lucrando con predios obtenidos de forma ilegal y agrediendo físicamente a los dueños y colindantes.
La muestra de cómo opera esa ‘banda que manda’ está en Córdoba, donde fundaron la llamada Colonia Antorchista, una especie de guetto sin Ley, donde sólo vale la autoridad de sus lidercillos. Hay que recordar que durante la pasada campaña electoral, el expanista Juan Bueno Torio fue agredido verbalmente y obligado a retirarse de dicha colonia, donde sólo tienen cabida los priistas. Es decir, los antorchistas de Córdoba están por encima de la Constitución, que protege el derecho al libre tránsito de las personas.
A pesar de ser un asentamiento irregular –léase fuera de la Ley-, la Colonia Antorchista ha sido beneficiada con obra pública millonaria durante las últimas tres administraciones municipales, las de los priistas Francisco Portilla y Juan Lavín, así como la del panista Tomás Ríos Bernal. A base de bloqueos y manifestaciones públicas, los antorchistas chantajean a las autoridades para que se les destine recursos públicos que deberían ser aplicados en colonias populares legales y con alto grado de marginación.
Y la organización está ampliando territorios. Va por la conquista del municipio vecino, Fortín de las Flores, pues en la comunidad de Villa Unión los ‘antorchos’ invadieron desde el año pasado un predio que no sólo es tierra comunal, es decir parte de un ejido, sino que desde 1938 cuenta con el decreto presidencial de reserva natural protegida pues forma parte del Parque Nacional Cañón del Río Blanco. Además sobre el mismo terreno cruzan ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos, lo que lo hace de alto riesgo e inhabitable.
La invasión de ese predio está encabezada por la regidora octava en el Ayuntamiento cordobés, Humberta Solís Segura y Janeth García Cruz, diputada plurinominal electa del PRI, quien heredará la curul de Minerva Salcedo Baca, actual legisladora local y esposa del dirigente estatal de AC, Samuel Aguirre. Pues bien, esas tres mujeres junto con otra lidercilla de nombre Rocío Hernández Zavaleta, coordinan esa apropiación ilegal del terreno en Villa Unión.
El conflicto comenzó desde el año pasado, pero cuando se dio un primer intento de invadir el predio, se recrudeció en estos días porque los antorchistas ya levantaron casuchas y están desmontando el predio, pese a que su ocupación es ilegal. Claro, lo hacen porque tienen el apoyo del Gobierno Estatal y están acelerando la apropiación a sabiendas de que con la llegada del panista Miguel Ángel Yunes Linares, se les negará la modificación del uso de suelo y se les obligará a abandonarlo.
IGUAL QUE LOS ENCUERADOS
Desesperados por la situación, pobladores de Villa Unión, se manofestaron en la autopista Córdoba-Puebla y liberaron la caseta de peaje de Fortín, como una forma de llamar la atención de las autoridades estatales para que frenen a esa organización cuasi-delictiva. Los lugareños, quienes han sido objeto de agresiones físicas y verbales por los ‘paracaidistas’, advierten que con ellos también llegó una ola de inseguridad y violencia a Villa Unión, y la misma se incrementará si se tolera la ocupación permanente del predio.
No se equivocan, porque todo indica que AC estaría operando con respaldo de grupos fuera de la Ley. Basta recordar que en septiembre del 2015, cuando se dio una de las primeras tensiones entre los habitantes y los invasores, el personal de la Dirección de Política Regional del Gobierno del Estado que acudió a fungir como mediadores, fue amenazado directamente por alguien que se identificó como “el jefe Z”.
Según las crónicas periodísticas, un líder criminal realizó una llamada al teléfono celular de uno de los presentes y pidió ser comunicado con uno de los funcionarios, al que amenazó para que se pusiera al lado de los invasores antorchistas y obedeciera a sus dirigentes, entre ellas a Humberta Solís Segura y Janeth García Cruz. Vaya caso, la delincuencia operando a favor de una regidora cordobesa y una diputada priista electa. Eso confirma la colusión PRI-Antorcha Campesina-crimen organizado.
Hoy, en la recta final de la Administración Estatal aparentemente se le otorgó ‘luz verde’ a esa banda llamada Antorcha Campesina para concretar la ocupación ilegal del terreno ejidal en Villa Unión y extender sus tentáculos hacia otros puntos del municipio fortinense. ¿Y el alcalde Armed Cid de León qué hace en este conflicto? Nada. Está de brazos cruzados. Ha dejado abandonados a los pobladores de Villa Unión y está dispuesto a distraer fondos municipales para apoyar el asentamiento irregular como lo hace la alcaldía de Córdoba.
Por si fuera poco, ayer en Xalapa, otros integrantes de AC encabezados por la diputada Salcedo Baca bloquearon la vía pública para exigir que el Gobierno Estatal les entregue 150 millones de pesos en obras para sus colonias irregulares. De no hacerlo, amagan con quedarse permanentemente en la Capital del Estado hasta que se liberen esos recursos, para seguir engrosando los bolsillos de sus líderes. En Xalapa, Antorcha Campesina alterna su protesta con los encuerados del Movimiento de los 400 Pueblos, que llevan tres días bailando desnudos.
Esa organización también cuasi-delictiva que lideran el cacique Cesar del Ángel Fuentes, y su hijo, el diputado priista Marco Antonio del Ángel Arroyo, se han apoderado de la Plaza Regina Martínez y sus integrantes bailan sin ropa frente a la catedral metropolitana. Ahí sí no dice nada el arzobispo Hipólito Reyes Larios, pese a que los encuerados bailan frente a las puertas del templo, defecan a sus orillas y agreden a los feligreses que acuden a los servicios religiosos. El silencio de monseñor ‘PRIpolito”, como le apodan, es seguramente porque comparten militancia en el mismo partido.
Los nudistas del Movimiento 400 Pueblos están en Xalapa exigiendo que la Fiscalía General retire las órdenes de aprehensión contra 13 de ellos, por la agresión física que cometieron contra el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el senador Santiago Creel Miranda y el gobernador electo, Yunes Linares, el pasado 29 de junio en las afueras del Congreso Local. Los Del Ángel están desesperados. Pretenden anular la persecución judicial en estos dos meses, pues saben que una vez que inicie la nueva Administración Estatal terminarán en prisión. Al igual que los ‘antorchos’, los encuerados tienen prisa por hacer de las suyas al cuarto para las doce.
OTRO PUEBLO REHÉN
Desde hace un par de días, la principal línea de autobuses foráneos, que conecta al municipio con toda la región, dejó de arribar a José Azueta, ubicado al Sur del Estado. Los conductores de las unidades sólo llegan a la comunidad Lindavista, donde dejan al pasaje que va a la cabecera municipal. ¿El motivo? La violencia desatada por los grupos del crimen organizado que tiene a los habitantes en calidad de rehenes. Pero la cancelación del transporte público es apenas el último incidente en ese atormentado pueblo, bajo el dominio del hampa.
Los comerciantes pagan cuotas impuestas para poder vender –muchos ya han cerrado sus negocios-, los maestros y otros profesionistas están bajo amenaza para entregar parte de sueldo y prestaciones, los ganaderos están amenazados para no denunciar el abigeato ni perseguir por su cuenta a los ladrones, lo mismo con los agricultores. Además, en todo el municipio hay un ‘toque de queda’ no oficial. Después de las ocho de la noche las calles están desiertas.
Pero el terror ya no sólo llega de noche, sino también a plena luz del día. El viernes pasado fue asesinado a balazos el médico José Valderrama Carrillo, propietario de una clínica y también director del Centro de Salud del municipio. El homicidio resonó mediáticamente, porque era un servidor estatal y por el contexto político, pues era, dice, compadre del senador José Yunes Zorrilla, aspirante a la gubernatura y además estaba confrontado con el grupo priista que comanda el fidelista Erick Lagos Hernández.
Empero, alrededor del mismo hay un sinnúmero de muertes, la mayoría derivada de secuestros o “levantones” y ejecuciones a mansalva, aunque la mayoría no enciende a la prensa. Por ejemplo, al día siguiente, los cuerpos de tres personas que habían sido plagiadas, aparecieron a orillas de un camino rural. La versión esparcida por la Fiscalía a sottovoce es que las víctimas estaban relacionados con el crimen organizado, aunque los lugareños afirman que no es verdad.
Dos eran comerciantes y uno esposo de una profesora, y que los ‘levantaron’ por no pagar las extorsiones exigidas por los criminales. “El que no paga se muere”, afirman los habitantes. Todo aquel que tiene una actividad económica, un ingreso por desempeñar alguna profesión o un cargo público, debe pagar para vivir. Es una especie de “cuota por respirar”. El municipio José Azueta es una muestra del Gobierno de facto del crimen organizado, que controla todas las actividades y claro, de la pasividad o complacencia de las autoridades.
Lo más que ha hecho el alcalde priista, Pedro José Arrioja Pérez, por sus gobernados, es anunciar la suspensión de la ceremonia del Grito de Independencia para la noche del 15 de septiembre, y el desfile alegórico del día siguiente. Lo ha hecho por el pánico colectivo que invadió al pueblo ante los amagos de los delincuentes para atacar a los que asistan a las Fiestas Patrias. Arrioja Pérez, quien se asume como protegido y operador del diputado federal Lagos Hernández, se mantiene en pasmo, sin hacer nada por sus gobernadores, igual que el alcalde Armel Cid de Fortín.
Pero no sólo eso, sino que también sospechosamente ha desmantelado a la misma Policía municipal para que no pueda hacer frente a los delincuentes. Para los 24 mil habitantes de José Azueta hay 21 policías y sólo dos patrullas, mismas que la mayoría de las veces están paradas por fallas mecánicas o por falta de dinero para el combustible. En el 2015, cuando la prensa local le cuestionó al Alcalde la falta de policías y equipo, éste respondió burlonamente: “Si en Xalapa los policías vigilan a pie y en bicis (sic) a los ciudadanos, aquí también”. Vaya tipo.
