AGENCIA
CDMX.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, reportó que en los últimos seis meses se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 34 denuncias por presuntas irregularidades que involucran recursos por más de 7 mil millones de pesos.
Doce de ellas, se refieren a las anomalías halladas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y detectadas en las revisiones de las Cuentas Públicas de 2019 y 2020, es decir, en la administración actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador; el restante data de Cuentas Públicas de 2016 a la fecha.
De 2018 a la fecha “se han presentado 242 denuncias de hechos, derivadas de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2012 a 2020, los cuales ascienden a un monto de daño determinado por cerca de 25 mil millones de pesos, y más de 203 millones de dólares”, informó.
Las denuncias penales se presentan hasta que se cuenta con los elementos suficientes y basados en los dictámenes respectivos integrados por la ASF, informó.
Colmenares, titular de la ASF realizó la tercera entrega de informes y el Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y como ha pasado en anteriores entregas, lo hizo en un mensaje vía virtual, pues la sesión fue convocada de forma semipresencial.
En ese marco los grupos parlamentarios fijaron su postura. Por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), la diputada María Elena Pérez Jaén anticipó que se revisará la actuación de la ASF.
“Hemos apreciado rectificaciones en exabruptos que salen no solo de la lógica, sino del marco legal de la propia fiscalización superior, se agrega lo anterior al que a esta fecha no se ha publicado el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta pública de 2022, con las consecuencias propias del retraso para iniciar las auditorías”, advirtió.
La corrupción, dijo la panista, no es un fenómeno exclusivo “de una corriente política o color de partido, es un problema multifactorial, que como tal requiere reconocer su existencia para poder combatirlo. Negarlo solo hace se manifiesta la ignorancia en el menor de los casos y en el peor de ellos, hacerse cómplices por conveniencias generando impunidad”.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, presidente de la Comisión y legislador por el Revolucionario Institucional (PRI), expresó que los diputados deben revisar el desempeño de la Auditoría, pero apegados a la legalidad.
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“Porque de otra manera serían sólo cuestionamientos de orden político que en poco o en nada ayudarían a la fiscalización”, esto porque el órgano técnico de la Comisión, la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría estableció que hay enormes retrasos en la atención de pliegos de observación, las solicitudes de aclaración, las promociones de responsabilidades y las recomendaciones por lo que existe el riesgo de que prescriban.
La también diputada del PRI Cristina Ruiz advirtió que se requieren sanciones:
“Ya basta de poner pretextos y querer cubrir el sol con un dedo, quien haya abusado en el ejercicio de su función o que no haya hecho bien su trabajo, que pague las consecuencias de sus acciones y omisiones”, acusó.
