por: Arturo Reyes Isidoro / columnista
El viernes por la mañana vi pasar raudo por el centro de Xalapa un convoy compuesto por varias camionetas grandes que seguían a otra en la que me pareció ver que viajaba el Gobernador; casi podría afirmar que era él, quien iba hablando por teléfono. Me recordó los convoyes que seguían a Javier Duarte o a Arturo Bermúdez Zurita. Luego de lo que había ocurrido un día antes no me extrañó presenciar la escena. Creo que Miguel Ángel Yunes Linares se la juega en serio y corre riesgos.
Al reto y la más grave afrenta que han recibido el Gobierno del Estado y el Ejército en la historia de Veracruz por parte de la delincuencia, sea organizada o no, respondieron horas después, casi en seguida, el propio mandatario y el Instituto Armado.
El jueves se dio la noticia de que cuatro funcionarios de la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil de Boca del Río habían perdido contacto con sus familias desde la noche anterior, o sea desde el miércoles.
La camioneta en la que viajaban al momento de su desaparición fue hallada el jueves abandonada en transitada avenida del bulevar turístico de la ciudad. Horas después de ese día, los funcionarios aparecieron sanos.
Si el hecho en sí era preocupante por el poder, la fuerza y la capacidad de operación que estaba mostrando la delincuencia, provocando, retando al Gobierno del Estado y a su titular en su propio terreno, en la ciudad y el municipio corazón, asiento de su poder, lo era más porque uno de los desaparecidos, presuntamente “levantado”, secuestrado, era un relevante General retirado del Ejército, por lo que la afrenta era también para el Instituto Armado.
El General de División Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Martín Cordero Luqueño, exComandante de la Sexta Región Militar que abarca los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, que también había comandado la Novena Región Militar en Guerrero, quien recibió la Medalla Veracruz en 2015 y quien pasó a retiro en diciembre de ese mismo año en un acto que encabezó el propio Secretario de la Defensa Nacional, un militar no cualquiera, fue blanco fácil de los delincuentes con lo que, de paso, los malos exhibieron la débil defensa oficial que hay para proteger a la población.
Seguramente por cuestión de honor, porque el grave hecho en si significó una humillación para el mílite en retiro, pero mílite al fin y al cabo, de élite, así como para el propio Ejército, el General negó después que hubiera sido privado de su libertad y, según él, lo que ocurrió fue que una camioneta les cerró el pasó y entonces junto con sus acompañantes se bajaron de su vehículo y huyeron en taxi. Negó que lo hubieran “levantado” pero aceptó que hubo un incidente e incluso dijo que “probablemente” era una amenaza. Al día siguiente, cuando apareció en un acto lo custodiaban ya elementos de la Fuerza Civil del Estado.
Pero su versión ya había quedado en el aire desde que fuentes del Gobierno habían confirmado la especie y horas después un breve comunicado del Grupo de Coordinación Veracruz (GCV, de seguridad) reconfirmó lo que había sucedido. Incluso se dijo que corporaciones de seguridad federales y estatales buscaban localizar a los autores, “que la mañana de este jueves lo privaron ilegalmente de su libertad”. La confirmación de lo ocurrido pudo haberse debido a la disposición del Gobernador de no ocultar nada.
Un día después, entrevistado el propio titular del Ejecutivo sobre el desmentido que había pretendido el General Cordero Luqueño, no respondió a la pregunta y se concretó a remitir al comunicado del GCV.
Para fortuna de los funcionarios, sus captores les perdonaron la vida y los devolvieron con bien –a veces para un militar eso es peor, por la afrenta que carga consigo debido a la humillación sufrida–, no se descarta que con algún mensaje directo y especial, pero la aparente supremacía de la delincuencia sobre las fuerzas oficiales inflingió un daño más serio a la imagen del Gobierno del Estado ante la percepción ciudadana de que no puede con los malosos.
La reacción de
los gobiernos
La reacción oficial tanto por parte del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado no se hizo esperar.
El viernes mismo por la noche llegó a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la Policía Militar, que había estado solicitando el Gobernador, pero indudablemente como una respuesta del Gobierno Federal a través del Ejército a lo ocurrido. Esa policía es un cuerpo de élite del Ejército y su llegada refleja la gravedad de la situación en materia de inseguridad que se presenta en Veracruz.
El sábado, el propio gobernador Yunes Linares ofreció una conferencia de prensa para confirmar la llegada de esa Policía, así como para informar sobre decisiones que se adoptaron a fin de hacer más eficiente el trabajo de los cuerpos policiacos en el Estado, se entiende que para ofrecer mayores niveles de seguridad.
Por supuesto, no faltó su mensaje a los veracruzanos.
Dio a conocer que a finales del mes de marzo su gobierno recibió la primera parte de los recursos de los fondos federales destinados a seguridad. Dijo que se empezarán a aplicar preferentemente en tecnología para el combate a la delincuencia.
Recordó que hace 128 días tomó posesión como Gobernador del Estado “y me comprometí a resolver el grave problema de inseguridad que se vive en Veracruz”.
Se defendió y trató de justificarse. Señaló que la inseguridad es un problema que tiene raíces añejas y profundas, que no surgió en su administración, pero aceptó que a él le toca resolverlo “y lo hago con responsabilidad y con decisión”.
Dijo algo que en parte es cierto: que sí se han logrado algunos avances aunque se han perdido en un escenario de violencia generalizada, pero el Gobernador reduce todo a la delincuencia organizada, que “siembra terror con las ejecuciones entre quienes forman parte de estas bandas”. Eso es cierto pero también lo es que hay robos, secuestros y homicidios de la población civil.
Comentó que para enfrentar el problema pidió a la Federación que asumiera la parte de responsabilidad que le corresponde y también aceptó que la respuesta ha sido positiva, tanto, digo yo, que están en el Estado en el combate a la delincuencia el Ejército, la Marina Armada de México, la Gendarmería y ahora la Policía Militar.
Entonces expresó algo que también pareciera justificativo: “En seguridad pública como en los demás retos que los veracruzanos enfrentamos nadie canta victoria, pero sí podemos señalar con toda responsabilidad que estamos trabajando intensamente para cumplir nuestros compromisos”.
Dijo que “… lo hacemos corriendo todos los riesgos, enfrentando todo lo que tenemos que enfrentar, incluso la incomprensión, dedicando muchas horas, todos los días a cumplir el compromiso de rescatar a Veracruz del desastre al que lo llevaron doce años de corrupción y desorden”.
En ocasión anterior comenté en “Prosa aprisa” que según una versión, semanas antes de asumir el Gobierno del Estado recibió un mensaje de la delincuencia que le proponía un acuerdo, un arreglo, un pacto. No sólo lo rechazó sino que ni siquiera lo quiso escuchar ni saber algo. Los vamos a combatir, es mejor que se vayan del Estado, habría dicho. Eso explicaría la guerra que vemos y vivimos, con muchas bajas.
“Nadie canta victoria”, insistió en su conferencia de prensa del sábado, y agregó: “pero para fortuna de los veracruzanos quienes hoy cantan derrota verán frustrados sus objetivos”. A quién o a quiénes se dirigía o se refería. ¿A los delincuentes? ¿A sus críticos porque no bajan los niveles de inseguridad y violencia?
Sí, no deja de ser un reto de todos modos la situación que se vive. ¿Y si con el Ejército, la Marina, la Gendarmería, la Policía Militar, la Fuerza Civil del Estado y la Policía Ministerial no se avanza, que se hará entonces? ¿A que institución más se recurrirá si ya están todas las que tienen que estar en el Estado? Todos los ases ya están sobre la mesa. Ya no hay más.
“Viviremos seguros. Es mi compromiso. Lo voy a cumplir”, sentenció. Por el bien de Veracruz y de los veracruzanos, se le desea que tenga éxito y que cumpla.
