AGENCIA
Bogotá.- La activista en derechos humanos y experta en seguridad y defensa, Rocío San Miguel, ha sido encarcelada por el régimen chavista en Venezuela, generando preocupaciones sobre la creciente militarización en México bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
San Miguel, quien es una voz crítica del proceso de militarización en México, fue detenida recientemente de manera “arbitraria”, según lo denunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta destacada defensora de los derechos humanos ha sido acusada por la fiscalía venezolana de “traición a la patria” y “terrorismo”.
En entrevistas con Proceso, San Miguel ha advertido sobre el riesgo de seguir el “espejo venezolano” en México, señalando que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de gestión pública es un asunto preocupante. Desde su experiencia venezolana, ha destacado cómo la militarización puede conducir a la partidización de las Fuerzas Armadas y al deterioro de la democracia.
La detención de San Miguel ha suscitado la indignación de diversas organizaciones internacionales, incluyendo agencias de la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como de gobiernos de varios países, quienes han exigido su liberación inmediata.
La activista ha advertido que involucrar a los militares en labores civiles afecta el principio de subordinación del poder militar al poder civil, conduciendo a la erosión de la democracia. En Venezuela, como en México, los militares han asumido roles civiles, controlando áreas como la seguridad pública, la distribución de ayuda social y la infraestructura.
San Miguel ha destacado que este proceso de militarización puede resultar en la corrupción y en la opacidad de las instituciones militares, lo que facilita la participación de altos mandos militares en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas.
Aunque el gobierno de López Obrador no ha promovido cambios en la doctrina militar ni ha abierto las puertas a candidatos castrenses en su partido, ha impulsado cambios constitucionales que transfieren responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas, como el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
San Miguel ha enfatizado que las Fuerzas Armadas son necesarias para cualquier país, pero deben estar sujetas a la autoridad civil y al control democrático para evitar consecuencias negativas. Su detención en Venezuela ha avivado el debate sobre la militarización en México y ha recordado la importancia de proteger los principios democráticos y los derechos humanos en todo momento.
