AGENCIA
Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en una situación crítica a la mitad de su sexenio, bajo el escrutinio de órganos de inteligencia del gobierno federal por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa. Según informes obtenidos por Proceso, se sospecha que Rocha Moya ha tomado partido por el grupo criminal de Los Chapitos, traicionando a la facción del Mayo Zambada, lo que ha generado preocupación en el ámbito político y social.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de inteligencia militar mantienen vigilancia sobre Rocha Moya, siguiendo instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con el respaldo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Esta supervisión se intensificó después de la captura de Ismael el Mayo Zambada y el asesinato del exrector de la Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, lo que ha desatado una ola de violencia entre las facciones del cártel en Sinaloa.
Los documentos de inteligencia revelan que el gobernador ha estado durmiendo en la Unidad Administrativa, donde despacha, debido a su “extremo nerviosismo” ante la creciente violencia. Su seguridad se ha reforzado, con elementos de la Guardia Nacional y Marina proporcionando vigilancia las 24 horas.
Además, su hijo, José Rocha Ruiz, es señalado como un vínculo entre el gobernador y Los Chapitos, a través de altos funcionarios, como el titular del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), José Carlos Cárdenas Mellado, quien fue designado por Rocha Moya. La investigación revela que Cárdenas Mellado ha tenido conexiones con Los Chapitos y ha estado involucrado en la aprobación de compras y pagos del gobierno estatal.
La violencia en Sinaloa ha causado pérdidas económicas significativas, con estimaciones de 500 millones de pesos diarios debido al cierre de comercios y la baja actividad económica. La situación ha impactado a las comunidades, con niños obligados a permanecer en casa durante las clases en línea debido a la inseguridad.
La crisis en Sinaloa ha encendido alarmas entre los cercanos al gobernador, quien hasta hace poco contaba con el respaldo del gobierno federal. El contexto de narcoviolencia y los señalamientos en su contra han complicado su situación política y la gobernabilidad del estado.
