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Pyongyang, Corea del Norte.- Kim Jong-Un ha generado controversia nuevamente tras ordenar la ejecución de al menos 30 funcionarios, acusados de “incapacidad” por no prevenir las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que devastaron el país en julio pasado.
Las intensas lluvias, que azotaron Corea del Norte, resultaron en la muerte de entre 4 mil y 5 mil personas, y obligaron a más de 15 mil ciudadanos a abandonar sus hogares debido a la magnitud del desastre. Medios locales informan que los funcionarios ejecutados enfrentaron acusaciones de negligencia y corrupción en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, existen indicios de que las lluvias fueron excepcionalmente intensas, lo que podría haber hecho casi imposible prevenir el desastre en varias provincias.
A pesar de los reportes sobre las ejecuciones, algunos medios oficiales vinculados al régimen de Kim Jong-Un se limitaron a informar sobre el cese de varios funcionarios, incluyendo al titular de Seguridad Pública y a autoridades regionales, sin mencionar medidas de represalia. La práctica de ejecuciones públicas no es rara en Corea del Norte, aunque el gobierno asegura que la pena de muerte se aplica con cautela. En los últimos años, se han registrado cerca de 100 ejecuciones en el país.
Además de desestimar los reportes sobre las ejecuciones, Kim Jong-Un rechazó la ayuda internacional y ordenó el traslado de las personas desplazadas a la capital, Pyongyang, para su recuperación mientras se aborda la crisis. El gobierno norcoreano también ha rechazado las afirmaciones sobre el número de víctimas, con la cifra oficial aún sin ser confirmada, lo que deja en duda la magnitud real del desastre.
