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KAT BROWN: LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO REGIONALISMO

Superiberia

  • Quienes de los 375 mil funcionarios aristócratas privilegiados no estén dispuestos a ganar menos que el Presidente, ni a dejar de gozar del poder al contentillo, son fácilmente liquidables…
  • Demostrada la irregularidad jurídica de los haberes obtenidos durante años, hasta se les puede encausar por desfalco maquinado a la Nación, obligándolos a retornar dineros mal percibidos.

Alejandro Solís
Columnista

Con 30 millones de votos condensados en cientos de puestos públicos federales, estatales y municipales, Morena domina el escenario político nacional rodeado de amigos y enemigos declarados y encubiertos para asegurar que la renovada barca no se desvíe de la ruta trazada: combate a la corrupción y plan de austeridad republicana; causas de la miseria Nacional, según sus cuentas.
La Cuarta Transformación, estacada. Sin nada que atente contra la propiedad privada de los oligopólicos medios de producción, distribución y consumo, el programa de Gobierno de AMLO, legalizado y legitimado por la voluntad expresada en urnas de una tercera parte del padrón electoral o el mayoritario 53% de quienes del listado electoral ejercieron su derecho al voto, ataca el último regionalismo del subdesarrollo: la ineficiente, sobrevalorada y auto-complacida burocracia aristócrata de la menguada estructura oficial del control de masas.
Sufran funcionarios perversos. Dados sus inútiles resultados, la vieja organización aglutinada, mantenida y reproducida sobre la base del nepotismo, amiguismo, compadraje, abuso de poder y corrupción, ha sido aplanada de la misma manera como se conformó, por no pocos de los que en su tiempo desplazó: sin piedad.
Los partiditos de Estado, que incluyen a sus jefes políticos, ni aglutinados en tres coaliciones pudieron superar su desprestigio popular y fallidas prácticas de manipulación social, dedicados como estaban a desfalcar Hacienda y reprimir a quienes osaran protestar u oponerse a sus abusos, afectando a propios miembros de la burguesía.
Si no crea capital, no es negocio. Once billones de pesos de deuda pública sintetizan el monto de lo robado a la Nación por las huestes señaladas, incluyendo grandes capitales que mediante la contrata pública se fondearon de recursos nacionales, integrando no pocos funcionarios públicos a sus sociedades anónimas.
Vividores de capital parásito. Sin recato, crearon empresas ficticias ubicadas en paraísos fiscales y en todo el territorio nacional para bajar recursos del erario; como son los casos de fideicomisos, apoyos a fondo perdido y negocios favorecidos con contrata directa de servicios y recursos materiales.
Con ellos viciados, todo ingreso proveniente de impuestos y de nuevos préstamos está destinado al fraude, la fuga de capitales, la especulación improductiva y al atesoramiento.


Rémoras inútiles, soberbias y encarecidas, liquidadas. Continuar engrosando cuentas familiares parasitarias de los políticos de primer nivel no capitaliza, pero incrementa la inflación, abate recursos para el gasto social y empobrece el patrimonio de la mayoría.
Así, la demanda de nuevos aires gubernamentales se hizo un reclamo generalizado sintetizado en el 93% de rechazo a Peña Nieto (Pew Research).
Como el Ave Fénix. Por su incapacidad de asegurar la paz social necesaria para el desarrollo de la economía, se impuso la necesidad de Estado de sacar de Los Pinos a los inútiles, montados en la demanda más sentida de la población afectada: quitarse de encima a la burocracia aristocrática pervertida, para recuperar credibilidad internacional, de la manera política más económica: aplicando, a la letra, la Constitución reformada.
Seguro Constitucional del próximo Gobierno Federalizado. El artículo 127 Constitucional vigente es claro en sus derechos y penalidades.
De los incisos I al III, señala que ningún servidor público podrá ganar mayor salario que el Presidente Nacional establecido en el presupuesto correspondiente, incluidos complementos, premios, dietas, estímulos, comisiones, con excepción de gastos por viáticos y los propios de la ejecución de actividades.
Dice, además que, los subordinados de funcionarios superiores jerárquicos no podrán ganar más que él; excepto cuando sumen ingresos de distintos empleos públicos, por recibir remuneraciones producto de sus condiciones generales de trabajo, por ejercer un trabajo calificado o especializado, pudiendo exceder más de la mitad del salario Presidencial.
Troyanos del Rey anónimo. La burocracia aristócrata nunca fue un mito genial, sino un emérito, bien cebado y pastoreado núcleo del poder ejecutivo tejido entorno del presidencialismo: parientes, amigos, aliados y recomendados integran un escudo protector ejecutor de las decisiones unipersonales del Señor Presidente en turno.
Sin embargo, a pesar de los derechos laborales que puedan esgrimir de supuesto carácter irrenunciables o de quienes pretendan no perderlos esgrimiendo el “derecho de salario igual, a trabajo igual”, la Ley es clara cuando apercibe que todos los funcionarios de alto nivel son empleados de confianza.
En la práctica, los funcionarios del régimen saliente presentan a los nuevos jefes su carta incondicional de renuncia; quienes podrán ratificarlos o prescindir de sus servicios. AMLO ya dijo que la alta burocracia se despide, respetándose el trabajo de los sindicalizados.
Pasivo laboral liquidable. Quienes de los 375 mil funcionarios aristócratas privilegiados no estén dispuestos a ganar menos que el Presidente, ni a dejar de gozar del poder al contentillo, son fácilmente liquidables con los ahorros de las diferencias futuras de sus salarios suntuosos, con los de quienes habrán de ocupar sus vacantes.
No hay decreto en el Diario Oficial, que legalice los ingresos abusivos de los expresidentes. A la letra, el inciso IV del Artículo 127, ordena: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la Ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”. La partida para los presidentes retirados, no está documentada en el Diario Oficial.
Ypiranga los espera. Ernesto Villanueva (Revista Proceso, 22.07.18) apercibe de no caer en la trampa de creer que sólo se trata de anular la pensión irregular -sin decreto- que reciben mensualmente de Hacienda los jubilados expresidentes y sus clanes, pues sólo equivale al 5% de las prerrogativas que incluyen caros apoyos logísticos del ejército y el EMP, a un descarado costo a la Nación, sin par en el resto del Mundo.
De la legalidad impuesta, a la justa legitimidad. Demostrada la irregularidad jurídica de los haberes obtenidos durante años, hasta se les puede encausar por desfalco maquinado a la Nación, obligándolos a retornar dineros mal percibidos.
Delito de elusión, equiparable a traición. Con la legitimidad del Congreso y la mayoría de las Gubernaturas controladas, el Gobierno de regeneración no tiene impedimenta para ejecutar retroactivamente el último inciso del Artículo 127: “El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.
Gobernar con la fuerza de los principios ofrecidos a la sociedad. El abuso de poder y la omisión de responsabilidades atenta contra la orientación democrática Constitucional, lo cual puede configurar el delito de traición a la Patria.
Por gracia de la legitimidad lograda, bien haría a la pacificación del País vincular a proceso a los presuntos implicados aferrados en mantener sus privilegios, a pesar de la crisis que orquestaron.
De no hacerlo, lo único que le faltaría a ya sabes quién, sería ya sabes qué. Siendo todos prescindibles, entre 90 millones de mexicanos en edad de trabajar, seguramente habrá quienes con dignidad y capacidad sustituyan caros lastres y enajenados rejegos a la regenerada gobernanza.

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