Alejandro Solís
Columnista
A escasos días de las elecciones de unos 21 mil nuevos y/o reciclados funcionarios, los partidos de Estado y sus montones de candidatos a gobernadores, presidentes municipales, cabildos, diputados y un senador. Además del presidente, han entrado en una especie de coladera popular tratando de filtrar en nómina a sus allegados para seguir medrando del erario, con el pretexto político del desarrollo democrático
nacional.
LaFalsedadImpone. Ya hemos planteado que la política de bienestar proteccionista es impuesta por el FMI a todos los regímenes de América Latina, como es el caso de AMLO, quien ha topado con resistencias a sus actos y no precisamente por el lado del ejercicio y personeros del poder ejecutivo y legislativo, sino del judicial, tan dado a ceder amparos en contra de cada acción obradora. Inclusive, ha validado reclamos con opción de vincularlo a proceso, por desacato.
CorrigiendoErroresDeEstado. Esta es una aberración no solo de AMLO, sino del sistema judicial, sus leyes y reglamentos, que urge corregir para evitar interrupciones a las decisiones del Estado Profundo, filtradas a través del régimen presente.
CasosAlCazo. La oposición legal judicializada a los proyectos de AMLO cunde por todos lados: protestas, amparos, controversias, demandas de afectados frenan sus iniciativas, obstaculizando los objetivos de la 4ªT: el NAIM, el aeropuerto de Santa Lucía, los militares en las calles, la toma de datos biométricos para la obtención de teléfonos celulares, el tren Maya, el istmo de Tehuantepec, Dos Bocas, El complejo Hídrico de Morelos, la distribución de vacunas: por todo le llueven reclamos a AMLO acusándolo por violaciones a la Carta Magna. El caso del INE, es alegórico y de risa loca.
Lorenzo Córdova y Noé Murayama -más otros tres mil funcionarios de todas las dependencias- han acudido al derecho de amparo exitosamente, conservando su salario superior al indicado por el régimen de bienestar.
Nada han podido los reclamos e insultos de los chairos, porque, apelando a su derecho de conservar beneficios laborales, debido al carácter no retroactivo de las leyes, así como a la autonomía del organismo que se los asignó, siguen planeando sus gastos de acuerdo a los ingresos establecidos por la propia ley, que suman este año, aun con recorte, 20 mil millones de pesos, incluidos el 65% del valor diario de la UMA multiplicados por el número de inscritos en el padrón electoral, garantizados para las prerrogativas de los partidos y organizaciones políticas registradas.
En automático, resulta una suma estratosférica que, para las mañañeras de Obrador, es un insulto debido a sus pésimos resultados, además de la oposición a sus personales planes. Sin embargo, nada ha podido hacer, por ser indicaciones de ley, ejecutadas expertamente por quienes de ello viven.
ReformasJudiciales. Las variantes legales tienen el objetivo de que cualquier programa del Estado -razonable o no, lesivo o no a los derechos de todos- continúen, sin ser obstaculizados por reclamantes.
Este es el centro del meollo reformista judicial; su instauración y alcance desborda al actual régimen, otorgando al Estado profundo todo el poder para hacer y deshacer, a pesar de reclamos sociales debidamente sustentados, así como de los amparos emitidos en contra de arbitrariedades gobernantes.
LaSupremaCorte. En tanto la gente está encantada, o, molesta por lo que suponen beneficio personal de un Juez Supremo temporal, la reforma de ley obradora plantea claramente, que, por los mismos argumentos de bien patrio, la Suprema Corte de la Nación decidirá inapelablemente sobre la pertinencia e impertinencia de cualquier amparo y controversia interpuesta en contra del gobierno federal.
Ahora, la ley dice, a la letra: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones”.
SinLugarAdudas: “Cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general –como son una ley, un reglamento o un decreto–, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno, comete una violación al sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede ser impugnada mediante una controversia constitucional.
Además, a través de las controversias constitucionales, la SCJN puede llevar a cabo el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, en virtud de que los diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, tienen la finalidad primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, por virtud de la cual, la actuación de las autoridades debe ajustarse a lo establecido en aquélla” (Reformas de Ley Jurídica, 2021).
EstadoDentroDelEstado. Por lo visto, las reformas judiciales tienen que ver con la toma de decisiones efectivas de Estado profundo y no con la personalidad del ejecutivo ni del tiempo en el cargo de supremo juez en turno.
En ocasión de la falla estructural de la línea 12, tuvimos oportunidad de observar en redes sociales fotografías y videos del lugar siniestrado, desde su planeación, inauguración y durante años de mal funcionamiento: constamos durante la presencia de “la mafia obradora del poder” que durante décadas controla la Ciudad de México: Carlos Slim y otros financieros al lado de los políticos de entonces, y, de ahora, dando fe de malas obras, pésimos trayectos y dolorosos resultados; que ya suman un montón de reclamos a la Autoridad en turno, afectando, incluso, los planes de control del Congreso, así como la sucesión afín al actual Ejecutivo.
No se extrañe, que, con la ley jurídica modificada, al paso del tiempo, sin importar quiénes sean los responsables, todo quede en el clásico perdón y olvido festinado por el profeta, redimiendo sus pecados.
