Como si fuera un asunto de poca monta, ninguna instancia del Estado mexicano se ha molestado en ofrecer una explicación a por qué:
i) el Ejecutivo emitió un decreto otorgando estímulos y condonando los adeudos fiscales por concepto del Impuesto Sobre la Renta a los estados y municipios hasta 2008.
ii) la Ley de Ingresos de 2013 concedió la condonación de los impuestos sobre la renta recaudados por los estados y municipios y nunca entregados a la Federación desde 2008 hasta 2012.
iii) esa misma ley estableció un beneficio fiscal sobre el pago del ISR a cargo de sus trabajadores en un monto de 60% para 2013 y de 30% para 2014.
iv) un conjunto de ciudadanos agrupados en el amparo #YoContribuyente no tenemos interés legítimo en el asunto.
v) no podemos conocer con exactitud el monto de recursos que no llegaron ni llegarán a la Tesorería de la Federación por concepto de las condonaciones y beneficios fiscales.
No estamos hablando de un asunto menor. Se trata de que el cobro de impuestos se llevó a cabo, pero nunca llegó a su destino final y obligado; de que la omisión en el pago de las contribuciones retenidas por los patrones del sector público o del privado —ellos sólo son vehículo recaudatorio— es un delito equiparado a la defraudación fiscal; de que no se está distribuyendo la carga tributaria de manera equilibrada; de que al condonar impuestos que se tenían presupuestados, el gasto al que estaban destinados quedó afectado. Se trata de un asunto que, con cálculos de la Auditoría Superior —porque el SAT nos ha negado la información—, alcanza los 20 mil millones de pesos que el gobierno dejó de recaudar por cuenta de la condonación tan sólo en 2012 (Juan Pardinas, Impulso Guanajuato, 02/03/14).
Los tres poderes y, desde luego, los estados quienes fueron los beneficiarios, cojean de la misma pata. Piensan que la democracia se agota en el hecho de que las autoridades sean elegidas o, en el caso de la SCJN y del SAT, designadas por los representantes electos. Consideran que a partir del momento que asumen sus cargos sus decisiones no tienen por qué ser justificadas ante los sujetos que las gozan o las padecen; ante los gobernados. Se les olvida que el debate público, la deliberación, el razonamiento, la explicación, la difusión, son todos ingredientes que hablan de la calidad de la democracia y que abonan a la legitimidad del sistema y de los gobernantes. En lugar de ello, al menos en este caso, han optado por la indiferencia y la opacidad.
El Poder Ejecutivo decretó el perdón de adeudos y establecimiento de beneficios fiscales a los estados. Los legisladores aprobaron subsiguientes condonaciones. El SAT incumplió al menos en dos ocasiones con su obligación de informar a cuánto asciende ese beneficio por cada municipio y estado. La Suprema Corte desechó por tres votos contra uno el proyecto presentado por el ministro José Ramón Cossío respecto al legítimo interés de un conjunto de ciudadanos que reclamamos la inconstitucionalidad de la condonación de los impuestos retenidos y no pagados a la Tesorería de la Federación por parte de los gobiernos locales.
El Ejecutivo no explicó el por qué de los decretos. Los legisladores no dieron cuenta de las razones para aprobar las condonaciones. La segunda vez que el SAT negó la información requerida no lo hizo a través de la Consejería Jurídica ni pudo sostener que la negativa se amparaba en el hecho de que se trataba de un asunto de seguridad nacional.
Y, lo que quizá llama más la atención, los tres magistrados de la SCJN que votaron en contra muestran su desdén al no dignarse a debatir, razonar y divulgar el por qué del rechazo al proyecto inicial que proponía reconocer que los contribuyentes sí tenemos interés legítimo para promover amparos que cuestionan al gobierno sobre el ejercicio de los recursos públicos, en este caso los demandantes del #YoContribuyente. A manera de información, los integrantes de la Primera Sala se limitaron a poner en la página oficial que el proyecto se desechó por mayoría de tres votos y que debía turnarse a un ministro de mayoría para que elabore un nuevo proyecto.
Nadie se molestó en contestar las muy simples preguntas de por qué los gobernadores se quedaron con los recursos retenidos a sus trabajadores, trasladaron la carga tributaria sobre el resto de los contribuyentes y encima no dieron cuenta de qué hicieron con esos recursos.
Lo relatado hasta aquí constituye una cadena de arbitrariedades o al menos de desprecio por la ciudadanía de la que no se salva ninguna de las tres ramas de gobierno y ninguno de los tres órdenes de gobierno.
No se trata de desconocer la autoridad de cada instancia para tomar las decisiones con carácter de obligatorias en su esfera de competencia. Tampoco de acusar a las autoridades de ser “carentes de independencia”, “vendidas” o “atender intereses particulares” cada vez que hay una acción o resolución contraria a lo que pensamos algunos. Lo único que se pide es una simple y llana explicación. Por eso María Marván tiene razón cuando reclama “el derecho a discutir lo público en público”.
*Investigador del CIDE
amparo.casar@cide.edu
Twitter: @amparocasar
