AGENCIA
Coatzacoalcos, Veracruz.- En una decisión histórica, la jueza federal Nancy Juárez Salas ha ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar el decreto de reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024. La jueza otorgó una suspensión definitiva que frena la implementación de la reforma hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido en su contra.
En su acuerdo, la jueza Juárez Salas subrayó que uno de los objetivos primordiales de la separación de poderes es garantizar la independencia de los jueces. Para ello, se han establecido procedimientos estrictos para el nombramiento y destitución de estos funcionarios, con el fin de prevenir abusos y proteger los derechos humanos.
La jueza afirmó que permitir que el interés social se privilegie de manera arbitraria sobre los derechos humanos constituiría una violación al artículo primero de la Constitución. “Esto se traduciría en un estado totalitario donde los individuos serían utilizados como un medio para el beneficio del estado, en lugar de ser el estado un instrumento para garantizar los derechos de los ciudadanos”, advirtió.
En consecuencia, se concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios, lo que implica que tanto el presidente como el director del Diario Oficial de la Federación deben eliminar la publicación del decreto de reforma constitucional relacionado con el Poder Judicial Federal, hasta que se notifique el auto que cause ejecutoria.
Esta decisión podría tener un impacto significativo en la estructura del sistema judicial en México, así como en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La jueza ha resaltado la importancia de salvaguardar la independencia judicial y los derechos fundamentales en el país. La atención ahora se centra en el desarrollo del juicio de amparo que determinará el futuro de la reforma judicial propuesta por la administración de López Obrador.
Una suspensión más que será vista y luego ignorada. Cuando una reforma nace de irregularidades, su destino no puede ser otro que la suspensión. La independencia judicial no es un capricho, es la piedra angular de una democracia sana. Intentar doblegarla es condenar al país a la sumisión y la injusticia.
No son “supuestas irregularidades”, son violaciones formales y sustantivas al proceso legislativo.
