AGENCIA
Ciudad de México.- Un juez federal ha concedido al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz una suspensión definitiva contra la orden de reaprehensión emitida el 31 de octubre de 2019 por un juez de ejecución de sanciones de la Ciudad de México. Esta medida impide que Ahumada Kurtz sea privado de su libertad y establece que deberá quedar a disposición del juez especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, ubicado en el Reclusorio Norte, para continuar con el procedimiento penal en su contra.
Carlos Ahumada fue sentenciado a cinco años de prisión por fraude genérico en perjuicio del entonces Gobierno del Distrito Federal. La Fiscalía General de Justicia de la capital pretende que cumpla en prisión los casi dos años restantes de su pena.
El juez Erik Zabalgoitia Novales, del Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, señaló que, aunque Ahumada comparezca ante los jueces que emitieron la orden de reaprehensión, la misma no será ejecutable mientras esté vigente la suspensión concedida. La comparecencia está programada para el 21 de agosto.
El juez determinó que Ahumada deberá presentarse ante el juez de ejecución de sanciones cuantas veces sea requerido para dar continuidad al proceso penal del que deriva la orden de aprehensión. Además, se le impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos, equivalente al 5% de los 20 millones de pesos que se le exigen como reparación del daño por el fraude cometido contra el gobierno capitalino.
El juez advirtió que, si Ahumada no cumple con el pago de la garantía en el plazo de cinco días a partir de la notificación, la suspensión concedida dejará de surtir efecto y las autoridades estarán facultadas para ejecutar la orden de aprehensión.
“Una vez transcurrido el término de cinco días concedido para exhibir la garantía económica, infórmese a las autoridades si cumplió con este requisito; en el entendido de que, de no haberlo verificado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de éstas para ejecutar la orden reclamada”, afirmó el juez Zabalgoitia.