AGENCIA
Teuchitlán, Jalisco.- El hallazgo de un centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre ha generado conmoción, luego de que se revelara su posible relación con un esquema de reclutamiento forzado de jornaleros agrícolas provenientes de Guerrero.
Un testigo identificado como “Roberto” denunció que, bajo la promesa de empleo en Estados Unidos con visa H2A, fue llevado al rancho en Jalisco, donde permaneció retenido en condiciones inhumanas. En su testimonio, señaló la posible implicación de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán.
Según “Roberto”, el reclutamiento se realizaba a través del Ayuntamiento de Chilpancingo y la UAGro, donde se gestionaban documentos en el área de Relaciones Exteriores. Sin embargo, al llegar a su destino, se les informó que trabajarían durante un año en lugar del mes pactado. Durante su estancia, fueron encerrados en bodegas por las tardes y obligados a laborar en el corte de fresa en terrenos cercanos.
Tras la difusión de su relato, surgieron imágenes en redes sociales de convocatorias laborales promovidas por las autoridades señaladas, lo que refuerza la denuncia. En respuesta, la exalcaldesa Hernández y el rector Saldaña negaron su participación en actividades ilícitas, mientras que la alcaldesa de Acapulco afirmó que su gobierno solo facilitó la difusión de programas laborales, sin intervenir en su ejecución.
Por su parte, Julio César Sandoval, exdirector de Atención Migrante de Chilpancingo, reconoció la existencia del programa de empleo, pero aseguró que no hubo traslados al rancho Izaguirre y que varios trabajadores sí obtuvieron la visa para laborar en EU.
Ante estas denuncias, la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar si hubo víctimas de desaparición vinculadas con este esquema de reclutamiento. También se indagará la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en los hechos.
