Ciudad de México.- Estados de cuentas con transferencias millonarias, escrituras públicas de terrenos comprados a precio de ganga, peritajes financieros elaborados por expertos contables y cartas notariadas donde se muestra el poder que tenía como apoderado y comisario de diversas compañías, algunas legales y otras fantasma, con este cúmulo de pruebas la PGR pretende llevar a juicio al contador público Javier “N”, una de las piezas claves en el caso que se le sigue al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Por varios meses, Javier “N” estuvo prófugo de la justicia. En su contra existía una orden de aprehensión por sus vínculos con la red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del exgobernador. El 19 de abril de 2017, tras meses de búsqueda, el contador fue detenido en Cabrils, Barcelona.
Durante la audiencia inicial celebrada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los fiscales de la PGR, los mismos del caso Duarte, presentaron un cúmulo de pruebas existentes contra Javier “N”, donde además de ubicarlo como miembro de la red delictiva, lo acusaron de ser un personaje clave en las operaciones de lavado de dinero encabezada por el exgobernador veracruzano y el empresario Moisés Mansur, cómplice de Duarte.
Fue por eso que la defensa del imputado y el propio Javier “N”, solicitaron al Juez una ampliación de 144 horas para hacerse llegar de una serie de evidencias que les permita impugnar las pruebas de la PGR, lo que les fue concedido. Tras el periodo de tiempo concedido, se realizará la audiencia en la que habrá de decidirse su futuro penal.
Javier “N”, el contador de Moisés Mansur
El caso por el que es investigado el contador público Javier “N”, se encuentra relacionado con una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, instancia que registró movimientos de una red de 22 empresas fantasma y siete subordinados, quienes presuntamente simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Lerma, Campeche.
De acuerdo con la PGR, a través de Consorcio Brades se inyectaron recursos por más de 223 millones, por la compra de los terrenos, que en realidad pertenecían al empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega López.
Para los fiscales del caso, se trató de un esquema de simulación para ocultar el origen ilícito de los recursos, pero que además denotaba un sofisticado esquema de lavado de dinero.
En la investigación se estableció que las hermanas Nadia y Elia Alzate Peralta, condenadas a 3 años de prisión por sus nexos con la red Duarte, eran dueñas de Consorcio Brades, empresa que a su vez tenía como comisario al contador Javier “N”.
Según la PGR, Consorcio Brades recibió los millonarios recursos a través de una red de empresas fantasma, que presuntamente recibieron dinero desviado de las arcas públicas del gobierno de Veracruz, por órdenes de Javier Duarte y en supuesto contubernio con Mansur.
Entre las empresas que inyectaron recursos Consorcio Brades se encontraban Diseños Tevet y Tr
No sólo eso. Señalaron que el caso específico de Javier “N” además de ser comisario de Consorcio Brades, empresa que calificaron como de “papel” o fantasma, mantenía nexos directos con al menos otras 10 compañías pertenecientes al empresario Moisés Mansur y al abogado Alfonso Ortega. En 7 casos como apoderado legal y en 3 más com
Tras mostrar el cumulo de pruebas, una de las fiscales del caso sostuvo que para la PGR no había duda que Javier “N” era el contador de Moisés Mansur, actualmente prófugo de la justicia, y quien junto a Duarte eran las cabezas de esta red de desvíos.
“El rol de Javier N era facilitar el ocultamiento de los recursos en su cargo como comisario (de Consorcio Brades)… su conducta fue dolosa, porque sabiendo la procedencia ilícita del dinero decidió unirse con otras personas, tan es así que formó parte de empresas de papel”, sostuvo la fiscal.
Las reprimendas del juez
Durante la audiencia inicial, los abogados del contador Javier “N”, quienes llegaron retrasados a la cita, fueron reprimidos y cuestionados en varias ocasiones por el juez Fuerte Tapia, quien tuvo que explicarles cómo se desarrolla una audiencia de este tipo.
Lo anterior porque el abogado defensor Sergio Baltazar Hernández dijo, en tres ocasiones, que no entendía las imputaciones lanzadas contra su cliente.
En una de sus intervenciones, el abogado defensor sostuvo que no entendía los argumentos de los fiscales, pues legalmente no era suficiente acusar aalguien por fungir como comis
El Juez tuvo que corregir al abogado y explicarle que cuestionar las imputaciones de la PGR en este momento, no eran parte del desarrollo de la audiencia inicial.
“Si no está de acuerdo puede reclamar en otro momento. Ahora sólo es la formulación de la imputación”, dijo el Juez en tono molesto, ante la insistencia del abogado que le explicaran detalladamente las acusaciones.
Después de escuchar las acusaciones y pruebas de la PGR, así como las dudas de la defensa, el juez le pregunto a Javier “N” si tenía algo que declarar, por lo que éste se abstuvo de hacerlo e inmediatamente solicitó la ampliación de las 144 horas, por lo que el juez tuvo que intervenir y explicarle que no era el momento para pedir dicha ampliación, misma que se daría poco antes de finalizar la audiencia.
Delincuencia organizada y lavado
Tras varias horas de audiencia, los fiscales de la PGR, en voz de Estela Ramos Castillo, solicitaron al Juez Fuerte Tapia que se le vinculara a proceso a Javier “N” por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La defensa sin embargo pidió la ampliación de 144 horas, por lo cual el Juez fijó como fecha el lunes 26 de febrero para continuar la audiencia.
Tras escuchar la fecha, los fiscales de la PGR solicitaron la prisión preventiva para el imputado, y como contexto le recordaron al juez que Javier “N” estuvo prófugo de la justicia por varios meses.
“Javier N no comparece de manera voluntaria… la prisión preventiva es importante ante el peligro de sustracción por su comportamiento de que huyó a España”, dijo uno de los fiscales.
El abogado defensor del imputado aseguró que las acusaciones de la PGR eran “excesivas” y violentaban los principios de inocencia de su cliente, por lo que pidió la fianza para continuar el proceso en libertad. La petición finalmente fue negada por el Juez, quien puso a disposición de las autoridades del Reclusorio Norte al contador Javier “N”, esto para prevenir su posible fuga.
Información: Animal Político
