Guatemala.- Tres jueces en una mesa frontal. A la derecha, los dos abogados defensores: Oscar Giovani Pastarán Rodas y Armarilis Ondina Nava Portillo. Frente al Juez, el acusado, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Detrás del detenido, decenas de periodistas y un abogado mexicano.
Ni un familiar, ni su esposa, ni un amigo. Duarte de Ochoa está solo en la primera audiencia, en donde conoció de qué se le acusa en México, quién lo delató, quiénes lo traicionaron. Y cuál sera su futuro inmediato.
El Juez al centro de la mesa, le preguntó a Duarte de Ochoa cuál era su ocupación. Él contestó: “Soy exfuncionario”.
Luego, le preguntó cuánto tiempo llevaba en Guatemala. Contestó: “Seis meses”.
También, le preguntaron si tenía propiedades en México y en Guatemala. En México, sí. En Guatemala, no.
Luego, en una audiencia que se prolongó por más de una hora hasta un primer receso, el Juez leyó al exMandatario y a quienes estaban en esa Sala, la acusación del Gobierno mexicano que propició su detención.
A detalle, durante 45 minutos, se resumió parte de la actividad criminal detectada por la investigación de la PGR, basada en declaraciones de integrantes de la célula criminal formada desde el año 2010 para saquear a Veracruz.
En el piso 11 de la Torre de Tribunales de Guatemala, se leyó al acusado en la audiencia, que algunos de sus asociados lo han traicionado y han declarado en su contra, acusándole de haber encabezado una red fiscal. Se le imputa haber adquirido de forma ilegal terrenos ejidales en Lerma, Campeche, a través de prestanombres, por ejemplo.
Entre los integrantes de la red que traicionaron a Duarte se encuentran: Moisés Manzur, quien fue prestanombres y operador financiero; José Juan Janeyro, quien se encargó de estructurar los pagos, inversiones y compraventas; Mario Rosales Mora, quien trabajaba en una Notaría y de ahí facilitaba y realizaba operaciones ilícitas; y Alfonso Ortega López, quien se encargaba de buscar oportunidades para invertir los recursos que saqueaban de las arcas estatales de Veracruz.
Estas personas han sido señaladas directamente por la PGR como responsables de haber trabajado con Javier Duarte para generar fondos de manera ilícita. Es la célula principal de este crimen organizado.
Uno de los prestanombres de Duarte declaró a la PGR que en 2010, en una fiesta en Ixtapa, Javier Duarte le instruyó a que recibiera fondos y los dispersara a distintas inversiones. Es decir, desde el inicio de su Mandato, comenzó el saqueo.
A principios de su Administración se constituyó la Inmobiliaria Rur S. A. de C. V., y a través de ella se adquirieron dos inmuebles en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En 2013, se adquirió un Yate de 790 mil dólares.
También, se compró un departamento en Polanco, que se puso a nombre de Moisés Manzur, y en el caso del Núcleo Ejidal Lerma, Campeche, Javier Duarte ordenó la compra de 21 parcelas, por las que se pagaron 20 millones de pesos, y para poder comprarlas, Mansur y Ortega López falsificaron documentos para acreditar que habían vivido un año en ese Núcleo Ejidal, requisito para la adquisición de los terrenos.
La acusación también menciona la forma en que se crearon una serie de empresas ‘fantasma’, para transferir hasta 350 millones de pesos que originalmente estaban destinados al sector educativo.
a ‘escena’
BERMÚDEZ
El Juez leyó también una declaración hecha por Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública y actualmente preso en Pacho Viejo: declaró que el 13 de diciembre de 2016 recibió una llamada de Tarek Abdalá, actualmente diputado federal y entonces Tesorero del Estado, en la que le dio la instrucción de que todos los programas federales destinados a Veracruz, ya no serían recibidos por la Secretaría de Finanzas, sino que irían directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de desviar millones de pesos de recursos públicos. Esos fondos se dispersarían a través de diversas empresas ‘fantasma’.
De acuerdo con lo que el Juez le dio a conocer a Duarte como acusación formal de la PGR, se detalló cronológicamente la forma en que se llevó a cabo el saqueo sistemático a las arcas del Estado a través de las Secretarías de Salud, de Educación y de Desarrollo Agropecuario.
A lo largo de la detallada narración de los hechos delictivos cometidos por el exgobernador y sus cómplices, quedó claro la forma en que este grupo de criminales actuó durante seis años.
En la lectura, salieron a relucir los problemas que también tenían para poder “legitimar” el saqueo. Es el caso de 350 millones de pesos que ya habían desaparecido de la Tesorería de Veracruz, utilizados para “operaciones privadas” del entonces Gobernador.
Sale ‘EMBARRAdo’ JM DEL CASTILLO
De acuerdo al testimonio de Ignacio García Leyva, Duarte de Ochoa dijo que podía desaparecer los registros electrónicos contables en la Secretaría de Finanzas, y así “esfumar” el origen y la llegada de los 350 millones de pesos que sus operadores y funcionarios cómplices no lograban “justificar”. Es en ese momento que surge el nombre de Juan Manuel del Castillo, entonces empleado de la Secretaría de Finanzas y actual diputado local por el Distrito de Córdoba, quien al no poder lograr el “lavado” de dichos millones, Duarte decide destituirlo del cargo.
En Guatemala no se juzgará a Duarte, por lo que no está obligado a defenderse ni a tratar de demostrar su inocencia respecto de las acusaciones de la PGR.
Luego de escuchar la acusación que le hacía el Gobierno de México, Duarte rechazó que se llevara a cabo un trámite ofrecido por el Juez: Habría que notificar formalmente al Gobierno de México a través de la Embajada en Guatemala, que había sido detenido.
Y ENTONCES
HABLÓ
Al respecto, Duarte expresó:
“Mi Gobierno está totalmente enterado de la situación, inclusive durante el momento de mi detención estaban presentes integrantes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal, por lo cual entiendo que México está totalmente enterado de la circunstancia. No creo que sea necesario el hecho de enterar a mi País, cuando está enterado puntualmente desde el momento de la detención”.
Sin embargo, preguntarle esto a Duarte era una obligación del Juez, de acuerdo a los derechos que tiene como detenido en otro País, de acuerdo a la Convención de Viena y los tratados internacionales de extradición.
Previamente a la pregunta, el Juez había dado una amplia explicación a Duarte de lo que como detenido provisional ante una solicitud internacional de captura, debía conocer. Le detalló el porqué se la había detenido, el porqué estaba preso y seguiría preso hasta ser entregado a las autoridades mexicanas y el tiempo que llevaría el proceso de extradición
Al respecto se le dijo que los 60 días que México tenía para solicitar formalmente la extradición, comenzarían a contar desde el momento preciso en que la Embajada Mexicana en Guatemala fuera notificada formalmente por la Cancillería de este País de su detención, trámite que normalmente, dijo el Juez, llevaría de 15 a 20 días.
También, se le explicó al exgobernador que la extradición podría darse en mucho menos tiempo, si Duarte aceptaba y solicitaba que se le enviara a su País de inmediato. Y le hizo la pregunta, a lo que la abogada de Duarte respondió que solicitaba un receso para poder consultar con su “cliente”. El receso se concedió.
Al regresar, unos 20 minutos después, el abogado defensor de Duarte en Guatemala, Giovani Pastarán Rodas, solicitó al Juez le permitiera que el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora, defensor de Duarte en México, pudiera ingresar a la Corte como “asesor” de los abogados de oficio guatemaltecos para garantizar una defensa más eficaz.
Campuzano de la Mora estaba presente en la audiencia desde el principio, pero no podía actuar ni acercarse ni al detenido ni a sus abogados.
En principio, dijo el Juez, se ha garantizado el debido proceso y las garantías del derecho de defensa, pero había que tomar en consideración los reglamentos al respecto.
El abogado mexicano podía estar en la audiencia, como observador, insistió el Juez, pero pidió opinión a la Fiscalía guatemalteca.
La decision del Tribunal fue negar la petición, básicamente porque no podían tratar este caso del exgobernador mexicano de manera distinta a otros juicios similares.
Duarte de Ochoa se negó a la extradición inmediata.
En los próximos días, máximo 20, el Gobierno mexicano será notificado formalmente de la detención del acusado, y a partir de la recepción de la notificación oficial en la Fiscalía, la PGR tendrá 60 días para solicitar la extradición.
En ese tiempo, deberá incluir la mayor cantidad de cargos contra el acusado Duarte de Ochoa, pues en México el exgobernador no podrá ser enjuiciado por un delito distinto a los que exponga en la solicitud de extradición al Gobierno de Guatemala.
