Por: Yuriria Sierra / columnista
La búsqueda de un desaparecido es, tal vez, una de las situaciones más dolorosas que puede vivir un ser humano. Pocas cosas tan terribles. Pero hay otras que se le acercan. ¿Cómo describir la espera de quien ya no puede expresarse para tener un lugar donde descansar? ¿Cómo referirse a esa condición de un cuerpo que alguna vez respondió a un nombre, que alguna vez sonrió frente a otro, que amó y que hoy es sólo una estadística para las autoridades? ¿Qué nombre darle a ese estatus que no alcanzamos, siquiera, a creer, pero que sí existe?
El tema fue agenda durante esta semana: un tráiler con 157 cuerpos que no cupieron en el forense de Jalisco y que vagó por varios puntos del estado, hasta el olor, y los vecinos lo delataron. Esas 157 personas que ya no pueden decir quiénes son, cómo murieron, quién los mató. Y que terminaron ahí por la frialdad con la que la autoridad maneja sus muertes y por esta realidad nuestra que rebasa incluso la estructura física del Estado, pues se está quedando sin lugar para guardar tantos muertos. Después supimos que no era uno, sino que había otro tráiler por ahí, también lleno de cuerpos a la espera de un espacio para descansar. Más tarde nos dijeron que, además de ellos, en el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco había otros cuerpos en espera por su inhumación. Un aparato forense que no se da abasto. Demasiado pequeño para el clima de violencia que hay en ese estado, que no es el único que lo vive.
Y se anunció la construcción de una cámara de refrigeración para más de 300 cuerpos, nos dijo ayer el gobernador Aristóteles Sandoval. También han puesto fecha límite para dar sepultura a esos ciudadanos que perdieron la vida y que esperan que alguien los reclame, que alguien les recuerde quiénes eran, que alguien les dé un lugar dónde ser recordados. ¿Y es suficiente?
También cesaron al fiscal estatal, un día antes al director del forense. Porque en México las consecuencias no caen sobre quien las origina, sino quien, de momento, las administra. Así sucede siempre: en el Paso Exprés, poniendo un ejemplo, la sanción fue para funcionarios de dependencias locales que ejecutaron órdenes de, por ejemplo, un secretario de Comunicaciones que aún está en funciones. Lo mismo sucedió en Jalisco, como si el director del forense fuera único responsable por los cuerpos que el Poder Judicial tenía a su cargo. El gobernador, ya en sus últimas semanas en el cargo, recibió el estado cuando la tasa de asesinatos era de 19 por cada 100 mil habitantes. En su primer año de gestión, 2013, se contaron mil 491 homicidios; en 2014 la tasa quedó en 13 por cada 100 mil; pero en 2015 la cifra se elevó a 16 asesinatos por cada 100 mil, mil 230 al final de ese año; en 2016, la cantidad de muertes por violencia quedó en mil 300; y el año pasado, el peor de todos, 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mil 582 en doce meses. Todas, cifras del Inegi. Y al parecer, Sandoval se despedirá con un nuevo récord: desde enero y hasta la primera quincena de agosto, el mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses contó mil 215 asesinatos. La violencia en Jalisco no es un tema nuevo. Y no se resuelve con más espacio para guardar cuerpos o con cementerios improvisados.
Tuvieron que pasar al menos cinco días desde la denuncia de aquel primer tráiler para que el gobernador recorriera una dependencia que, al menos durante su administración, ha visto crecer la demanda de sus servicios. Y entonces sí, ni hablar, tuvo que poner manos a la obra.
Éste es ese México que no quisiéramos contar. Pero es justo ese México que nos dice, tal como ayer lo decíamos, que las autoridades están muy atrás de los ciudadanos que representan. Jalisco es un ejemplo del cómo les es imposible, siquiera, respetar la dignidad de un ser humano. Tristemente, lo dijo el mismo gobernador, “Nos ha superado la ola de violencia en todo el país, y no es Jalisco la excepción…”, y en eso sí le concedemos razón.
