CDMX.- La administración de Gerardo Ruiz Esparza hizo más que “mover a México”: durante seis años movió el presupuesto de una súper Secretaría de Estado, pero lo hizo entre irregularidades y probables casos de corrupción que actualmente son investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ruiz Esparza tuvo la responsabilidad de mover al País a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio (2012-2018) del Presidente Enrique Peña Nieto. Su tarea implicó el reto de impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional con inversiones estratégicas en todo tipo de medios y vías de transporte, además de la administración de las telecomunicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Para ello, año con año, ejerció un promedio de 109.4 mil millones de pesos del Gobierno federal que, cada año, presentaron “irregularidades” en la contratación de obra pública por insuficiencias de planeación, ejecución y rendición de cuentas en los proyectos gubernamentales, de acuerdo con las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante cinco años (2014-2018) de gestión de Ruiz Esparza como Secretario de Comunicaciones y Transportes, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
En total, la SCT acumuló 16 mil 543 millones 19 mil 737.15 pesos en irregularidades que equivalen al 2.52 por ciento del gasto total pagado (656.4 mil mdp) por la dependencia federal, entre 2014 y 2018. De esta millonaria cantidad, la ASF determinó que hubo 9.2 mil millones de pesos –el 56 por ciento de los “montos por aclarar”– en transacciones que ameritaron la “Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias” (PRAS).
Cuando el órgano fiscalizador “presume la existencia de hechos o conductas” que violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determina la comisión de ilícitos que ameritan una PRAS y por ende, la comisión de “un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales”.
