AGENCIA
Teherán.- Irán llevó a cabo la ejecución de 29 personas el miércoles, en lo que ha sido descrito como una de las ejecuciones colectivas más grandes en el país en los últimos años, según la organización Iran Human Rights (IHR). De los ejecutados, 26 fueron ahorcados en una ejecución masiva en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, cerca de Teherán, mientras que los otros tres hombres fueron ejecutados en otra cárcel de la misma ciudad.
Las personas condenadas habían sido sentenciadas por crímenes como asesinato, narcotráfico o violación, según IHR, una organización con sede en Noruega que monitorea las violaciones de derechos humanos en Irán. Otros grupos de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Activists News Agency (HRANA) y el Centro por los Derechos Humanos en Irán (CHRI), ambos con sede en Estados Unidos, confirmaron la ejecución de al menos una veintena de personas en Karaj.
Irán es el segundo país del mundo con mayor número de ejecuciones anuales, solo superado por China, de acuerdo con Amnistía Internacional. Según IHR, Irán ha ejecutado a 313 personas este año, y un ahorcamiento colectivo de tal magnitud no se había registrado desde 2009.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, expresó su preocupación ante la posibilidad de que, sin una respuesta firme de la comunidad internacional, cientos de personas puedan ser víctimas de lo que describió como la “máquina de matar” de la República Islámica en los próximos meses.
Los activistas de derechos humanos acusan al gobierno iraní de utilizar la pena de muerte como herramienta de intimidación política, especialmente tras las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. Amini, una joven kurda de 22 años, falleció bajo custodia tras ser arrestada por presuntamente violar el código de vestimenta femenino.
En la víspera de la ejecución colectiva, las autoridades iraníes también ejecutaron en la cárcel de Kermanshah, en el oeste del país, a Gholamreza Rasaei, condenado por el asesinato de un coronel de los Guardianes de la Revolución en noviembre de 2022, durante las protestas por la muerte de Amini.
Amnistía Internacional denunció que la ejecución de Rasaei se realizó en secreto, sin que su familia o abogado fueran informados, y que su sentencia se basó en una confesión obtenida bajo tortura. La organización condenó este acto como una muestra de la determinación de Teherán de usar la pena de muerte para reprimir políticamente y sembrar el miedo en la población.
La comunidad internacional sigue observando con preocupación el uso de la pena capital en Irán, mientras activistas instan a tomar medidas urgentes para detener estas ejecuciones masivas y proteger los derechos humanos en el país.
