CDMX.- La PGJ de San Luis Potosí investiga la denuncia presentada en contra de Enrique Flores Flores, exlíder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de ese Estado, sobre la ya práctica común que utilizan del cobro de “comisiones” de legisladores a ediles.
En Panamá, Brasil y Guatemala, sus presidentes o expresidentes han sido investigados, detenidos y encarcelados por corrupción.
En México, la práctica del presunto cobro de cuotas a presidentes municipales no ha pasado del escándalo, pues ninguna autoridad investiga ni aplica las sanciones correspondientes y el problema se acentúa. Una muestra: en 2013 y 2014, los entonces coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados: Luis Alberto Villarreal, del PAN; Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Silvano Aureoles Conejo, del PRD, fueron señalados por su presunta responsabilidad en el cobro de “moches” a alcaldes de Guanajuato y Sonora, a cambio de la entrega de recursos públicos. Hoy el panista apoya rumbo a 2018 al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; el priista promueve la figura de gobiernos de coalición tras su renuncia a la dirigencia del Partido y el perredista es Gobernador de Michoacán y aspira a ser Presidente.
En febrero del año pasado, organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados con el fin de frenar el esquema que permitía “los moches” entre los Diputados Federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados.
El Poder Ejecutivo es el único con la facultad de definir el contenido de ese presupuesto de egresos. Pero en noviembre de 2015, documentaron los demandantes, los Diputados Federales excedieron su facultad constitucional para “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación, al crear nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.
Los recursos utilizados para la creación de esos nuevos fondos irregulares –con el fin de transferir el dinero a las entidades– provienen de recortes aprobados por los mismos Diputados Federales a programas en materia de Salud y Educación.
