Orizaba.- Empresas de la zona que despiden a su personal están incurriendo en prácticas antijurídicas de intimidación y privación de la libertad, para evitar que demanden ante la autoridad competente por despido injustificado, valiéndose de los vacíos que hay en la Ley, afirmó el procurador auxiliar de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), Julio César Mares Villarreal. “Muchas de ellas se vuelven muy inquisidoras, en el sentido de que por haber cometido una falta muy pequeña al trabajador lo despiden, lo amenazan con ir a la cárcel si no firman una renuncia, lo intimidad, inclusive lo llegan a privar de su libertad de manera autónoma, hasta que no firma su renuncia”.
Apuntó que es recurrente en las grandes empresas, si el trabajador se rehúsa a firmar documentos en blanco y advierten que habrán de demandar por no estar de acuerdo con ser “corridos” sin una justificación lógica, simplemente los “boletinan” con otras empresas, a fin de que no puedan ser admitidos en cualquier otro trabajo, lo cual no es válido porque toda persona tiene derecho a tener un empleo y con ello se coarta esta posibilidad, en un caso extremo se orilla a la gente a tener que robar o dedicarse a un oficio no lícito, con el fin de allegarse recursos.
“El trabajador va a buscar trabajo y si está boletinado le dicen que no lo pueden aceptar, yo creo que este tipo de políticas empresariales son fascistas y desgraciadamente no está regulado eso”.
Para ello, el Procurador Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, dejó en claro que es necesario que los legisladores se pongan a trabajar en estos aspectos, que están dejando en el desamparo al trabajador y con ello se pueda hacer una sanción económica fuerte para quien incurra en estas acciones de discriminación y se puedan dar las condiciones para que haya reparación del daño.
En lo que va del año se tiene un registro de 60 despidos injustificados, de los cuales el 98 por ciento ha tenido estas características, en las que por fortuna terminan llegando a un acuerdo mediante la conciliación.
Sin precisar los nombres, destacó que son del giro del acero, construcción, productoras de alimentos, entre algunas más, las cuales hacen caso omiso en tanto no haya una regulación que esté sustentada en las leyes que rigen al País en materia laboral.