Las entidades federativas han tenido un desarrollo político y económico muy importante, ya que en estos últimos años, adquirieron una fortaleza inusitada, en materia de administración de recursos financieros y en la aplicación de nuevas políticas públicas.
Prueba de ello, es que un gobernador resultó elegido como Presidente.
Sin embargo, como contrasentido, las últimas reformas que se han aprobado durante el presente mandato, van en sentido inverso a esa tendencia y están siendo concebidas para volver a fortificar a la Federación, en detrimento de las propias entidades federativas.
Los partidos políticos de oposición, han condicionado al gobierno federal, para seguir negociando las reformas estructurales enlistadas en el Pacto por México, a que primero se apruebe una reforma político-electoral.
Dentro de la agenda que pretenden imponer, está el tema de desaparecer a los institutos electorales -el federal y los de las entidades federativas- y en su lugar, erigir a un Instituto Nacional Electoral.
El argumento principal consiste en que en las entidades federativas, la integración de dichos Institutos es manipulada -para garantizar su control- por los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Dicen que debido a ello, no se garantizan la expresión de la voluntad popular, imparcialidad, legalidad, equidad y el profesionalismo de dichos órganos electorales.
El artículo 116 de la Constitución dice que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, deberán gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Si lo que se critica es que se está violentando la autonomía de los institutos electorales, los partidos políticos están obligados a buscar hacer reformas para evitarlo y consolidar sus facultades autónomas; pero no desaparecerlos.
En lugar de procurar seguir por el camino del fortalecimiento de los regímenes locales, los promotores del INE prefieren la comodidad de centralizar las cosas. Es más fácil y cómodo controlar, desde la capital, a un sólo Instituto, que tomarse el trabajo de estar atentos a 33.
No se puede decir que la democracia del país está debilitada por la actual organización institucional electoral, cuando existen evidencias de que ya se han producido alternancias partidarias en las gubernaturas de 23 entidades, incluyendo al DF.
Las bondades que se ofrecen con la centralización de la facultad de organizar los procesos electorales, son bastante débiles: ahorros financieros, porque la operación de un Instituto Nacional evitará las múltiples duplicidades que actualmente se presentan, al coexistir estructuras paralelas, de carácter federal y locales.
Se dice además, que la soberanía de las entidades federativas ganará mucho de lo que ha perdido con fraudes electorales, perpetrados al amparo del control gubernamental sobre los órganos electorales.
Aunque los dirigentes del PRI no se han manifestado con claridad al respecto, la propuesta parece aceptable como moneda de cambio para cumplir con el chantaje de la oposición de condicionar la aprobación de la reforma energética.
El argumento de que en el gobierno federal saben hacer mejor las cosas, es insultante. El camino para la edificación de una Federación más fuerte, está en reforzar los procesos de evolución y consolidación de las instituciones jurídicas de los gobiernos locales.
La centralización de las tareas, impide tener políticas públicas que atiendan las particularidades regionales, a través de la cercanía y el conocimiento de las realidades específicas. Asimismo, impide la consolidación de una cultura de la legalidad nacionalmente extendida.
Somos una República federal, compuesta de estados libres y soberanos, no hay que olvidarlo. Nos llamamos Estados Unidos Mexicanos, no simplemente México.
