Por: Andrés Timoteo / columnista
El reportero Gumaro Pérez Aguilando fue asesinado ayer de forma terrible. No es que haya asesinatos aceptables o “decentes” sino que éste se perpetró con una saña especial, pues el periodista fue atacado en el interior de una escuela, frente a uno de sus hijos y otros niños que estaban en un festival de Navidad. El pequeño y sus compañeros de colegio vieron morir a su padre y esa fue la enseñanza perversa del crimen organizado con la muerte del reportero.
Un mensaje infame, enviado no a los adultos -éstos ya aterrorizados- ni al gremio periodístico -también aterrorizado desde hace tiempo- sino a la generación que viene. La ‘generación de la guerra’, como le llaman algunos estudiosos a los que nacieron a partir del 2007. Sembrar el terror en la colectividad al atacar en una escuela con niños y sembrarlo en el subconsciente de esos pequeños para que aprendan que el que hace periodismo se muere.
En Veracruz ya son cuatro los comunicadores asesinados en lo que va del bienio y las autoridades tienen la obligación de esclarecerlos. Deben buscar y castigar a los culpables de los crímenes de Gumaro Pérez, de Ricardo Monluí Cabrera, de Cándido Ríos Vázquez y del camarógrafo hondureño, Edwin Rivera Paz -aunque éste no ejercía el oficio en la Entidad-. Es reprobable que sigan los asesinatos de los trabajadores de prensa y también que el aparato judicial esté inmovilizado.
También indigna que siga operando -bueno, más bien absorbiendo dinero público- la fantasmagórica Comisión de Protección -risas- a Periodistas, la cual ayer reivindicó el papel de ser una mera oficina de pésames y velorios. Son insultantes las declaraciones de sus funcionarios y el contenido del boletín emitido para tratar de culpar al reportero Gumaro Pérez de su propia muerte al afirmar que si bien estaba bajo un protocolo de protección de esa comisión,“no les avisó” que estaba en riesgo de muerte o que había recibido amenazas.
¿Para qué sirve, entonces, el famoso protocolo y la dichosa comisión? Para nada. Esos burócratas se burlan de la inteligencia de todos. Es sabido que un protocolo de seguridad requiere un monitoreo diario, un seguimiento preciso de la persona en riesgo, de estudios para evaluar riesgos y por supuesto de la supervisión de las medidas cautelares que se asignaron. Un protocolo de seguridad no depende de que la víctima esté arreando a los encargados del mismo.
¿Y qué hicieron ante este nuevo caso de un “protegido” asesinado? Lo de siempre, dar el pésame y moverse para acudir al velatorio. Dice el boletín que “reafirman el compromiso y respaldo incondicional” a los familiares, “a quienes se les atenderá de forma integral”. ¿Qué quisieron decir? Que son los encargados de ayudar a los deudos no a evitar los crímenes. Son los señores de los funerales y de los trámites burocráticos post-mortem. Son inservibles, pues.
Además de dar pésames e ir a los velatorios, los funcionarios convirtieron a esa elefantina comisión en un taller de cursillos y organizadora de premios amañados. Nunca tuvo como finalidad proteger a los periodistas, ni en el sexenio anterior ni en el actual. Por eso debe ser extinta. Al gremio no le sirven esos burócratas que cobran un salario abultado por no hacer nada. La diputada Marijose Gamboa, periodista e integrante de la Comisión de Atención a Periodistas en el Congreso Local, mandó un comunicado insulso y se equivoca al sumarse al teatro de las
lamentaciones.
Su responsabilidad no es dar el pésame a los deudos de Gumaro Pérez ni de emitir una declaración quejumbrosa por el crimen, sino de acelerar la desaparición de la fantasmal comisión y lograr que se canalicen los recursos a otros programas que en verdad ayuden a la comunidad reporteril. Debe impedir que se sigan destinando millones de pesos a algo que no sirve y a quienes ni siquiera se ocupa de supervisar los esquemas de protocolos que ellos mismos emiten. En fin, nuestro repudio total por la muerte de Gumaro Pérez y nuestro rechazo a seguir manteniendo a los zánganos. No más simulación.
EQUIPO 2018-2022
La presidenta municipal electa de Córdoba, Leticia López Landero, hizo públicos los nombres de quienes integrarán su equipo político y administrativo cuando asuma la titularidad del Ayuntamiento. Serán los funcionarios que la acompañarán -se supone- en los cuatro años de Gobierno y de algunos de ellos dependerá en buena parte el éxito o el fracaso de su cuatrienio, ya que desempeñarán papeles fundamentales.
Hay colaboradores de lujo como Paulina Abella, quien será la encargada del área de Desarrollo Social, pues no sólo es una mujer respetable y respetada sino que con ella hay la garantía de que no se harán negocios ni se traficará con los programas destinados al combate de la pobreza. Bien por eso.
Otro acierto es haber nombrado al paralímpico Omar Osorio como director de Fomento Deportivo. Además podría decirse que es un equipo de equivalencia de género, pues la edil incluyó a mujeres en la asignación de muchas encomiendas, aspirando al anhelado balance entre funcionarios varones y mujeres, y eso marca una diferencia con sus antecesores.
Obviamente no faltan los “prietitos en el arroz” que le darán muchos dolores de cabeza a López Landero, pues algunos arrastran tremenda fama. Uno de ellos es el exregidor y fidelista José Sierra Silva, quien tendrá a cargo la Protección Civil municipal. Vaya, es como poner a un chivo en una cristalería, pues el señor es especialista en hacer escándalos y destrozos, ¿cómo le hará para prevenirlos?
Lo mismo con la coordinadora de Turismo y Cultura, Valeria Pitalúa quien fue “becaria” -léase: aviadora- en el Gobierno de Javier Duarte y además es hija del empresario fidelista, Francisco Pitalúa, muy ligado a eso de los contratos “fantasma” de los dos sexenios anteriores. Los opinadores de cafetería dicen que el mérito de la señorita Pitalúa es tener Yunes como segundo apellido, pues presumen ser parientes del gobernador Miguel Ángel Yunes.
Dicen también que le dieron la cartera de Turismo porque en los últimos años se la pasó viajando -con cargo al erario estatal- y por eso conoce muchos países donde promoverá a Córdoba. De pilón está el futuro jefe de prensa del Ayuntamiento, Elías Gómez, un locutor que nunca ha hecho periodismo ni mucho menos conoce el manejo de imagen institucional. Allá la Alcaldesa que decidió abrazar esa aventura en el ramo de la comunicación social. De esta forma, con aciertos y defectos ya está conformado el equipo del que dependerá la imagen pública de López Landero en los próximos cuatro años.
TOMÁS, EL TANDERO
Por otro lado, hay polémica porque el alcalde saliente, Tomás Ríos Bernal, retrasa el proceso de entrega-recepción. Aunque los colaboradores de la alcaldesa electa se han presentado en varias ocasiones en las oficinas municipales, se les ha obstruido y negado la documentación. Ríos Bernal se comporta como las señoras que hacen tandas en la vecindad, las que hace todo lo posible para atrasar la entrega de lo que están obligadas a dar.
No sorprende tal actitud porque Ríos Bernal debe tener la Administración hecha un caos y sus colaboradores están a marchas forzadas para cuadrar números, ocultar chanchullos y desaparecer evidencias. Hace algunos días, habitantes de zonas rurales denunciaron que personal del Ayuntamiento incineró documentos en algunos parajes.
Eso significa que están en proceso de destruir evidencias sobre el manejo del dinero y programas municipales, algo que está penado por la Ley. Lo mismo hicieron los funcionarios de Duarte de Ochoa antes de entregar la Administración al gobernador Yunes Linares, y éste les advirtió que lo que hacían era ilegal y que tendrían que dar cuentas por ese delito.
Ahora López Landero tiene la obligación de investigar la destrucción de documentos ordenada por Ríos Bernal y llevarlo a los tribunales si no se localizan los soportes de contratos, licitaciones, convenios, concesiones y demás trámites que tengan que ver con el manejo de dinero de los cordobeses. Esos legajos habrían terminado en hogueras improvisadas para ocultar las pruebas de la corrupción.
El equipo de López Landero no debe sorprenderse por la actitud del todavía edil, pues lo mismo sucede en otros municipios donde están con la prisa para borrar las evidencias de lo que se robaron, pero tarde o temprano tendrá acceso a las oficinas y podrá revisarle “hasta las muelas” a su antecesor. Puede y debe hacerlo.
NO DA PASO SIN HUARACHE
Es una relación tormentosa la que tiene el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con la prensa veracruzana. Por un lado, su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, cada vez que pisa suelo veracruzano llama a los periodistas “maiceados” -es decir, sobornados o vendidos-, luego la diputada local Tania Carola quiere que se coman las sobras de sus pasteles y su sobrina los tilda de “muertos de hambre”, pero al mismo tiempo la diputada federal, Rocío Nahle, promete impulsar puntos de acuerdo y exhortos para que el Gobierno Estatal pague las deudas heredadas por Javier Duarte con los medios informativos oficialistas. Nahle quiere legalizar el “mega-chayote” pendiente a liquidar.
Además, en el Congreso Local, el sureño Amado Malpica restauró la vieja práctica de entregar sobres con dinero cada mes a los reporteros y para ello contrató a antiguos operadores de la fidelidad, especialistas en coordinar los embustes y las instrucciones del golpeteo mediático contra el Gobierno actual. Pero ahora, el Diputado Federal y precandidato a la gubernatura por segunda ocasión, Cuitláhuac García, votó sin pudor por la llamada “Ley Mordaza”, que son modificaciones al Código Civil Federal para inhibir la crítica periodística.
Todo aquel que publique información que incomode al aludido -que se queje de daño moral- aunque sea verídica, será considerado criminal y se le castigará. Eso es lo que avaló Cuitláhuac García en San Lázaro, aunque hay un justificante para que el virtual candidato de Morena quiera la censura a la prensa: se está amarrando el dedo para el 2018 cuando lo exhiban recibiendo financiamiento de Javier Duarte en el 2016. Seguramente promoverá denuncias penales argumentando daño moral. El tipo aprendió bien de la ‘mafia de poder’, pues ya no da paso sin huarache.
