Orizaba.- El presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (CIMA), Graciano Illescas Téllez, informó que de las 101 plantas de tratamientos residuales, el 80 por ciento trabaja muy mal o no funciona, por lo que no se llega a tratar ni siquiera el 30 por ciento del agua que se genera en nuestra entidad.
Mencionó que es uno de los problemas más complejos debido a la burocracia con la que actúan las dependencias encargadas de atender el problema, pues si son contaminantes que no son peligrosos le corresponde al Estado y si son peligrosos la competencia es Federal como es el caso de Petróleos Mexicanos, “pero como las aguas son contaminadas desde varias fuentes, se mezclan las competencias de atención a la problemática y, en ocasiones, ninguna lo resuelve”.
Dijo que tan sólo por poner un ejemplo, en el caso del río Bobos en el Norte del Estado se generan las denuncias ante la Comisión Nacional del Agua (CNA), sin embargo, dicen que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua y ésta a su vez refiere que algunas zonas le corresponden a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa) o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
Agregó, “el gran desinterés que ha mostrado el Gobierno actual, aunque la Profepa y CNA tienen todos los elementos, por razones que desconocemos no acaban de aplicar la Ley y por eso hay mucha impunidad, sobre todo, a las grandes empresas que si bien dicen que cerrarlas significa mucho desempleo, también es cierto que eso no debe ser justificación para que estén haciendo descargas contaminantes en los cuerpos de agua”.
Detalló, además, que en el caso de la empresa Fideicomiso del Alto Río Blanco (Firiob) “de alguna forma está en pleno funcionamiento, no abarca toda la región, pero hacen un gran esfuerzo, en otros lugares hay plantas como el caso de Tlalixcoyan que captan el agua, pero no reciben ningún tratamiento porque no se construyó completamente y la descarga se va a una gran superficie de terrenos agrícolas, destruyendo la producción del sector campesino”.
Ante ello, mencionó que con el cambio de Gobierno en la Entidad se espera que esta situación mejore para bien, y sobre todo que se implementen mecanismos de recuperación en beneficio de toda la población.
