El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado formalmente al Congreso de la Unión una prórroga de 90 días para la elección del Poder Judicial, originalmente programada para el 1 de junio de 2025. Este requerimiento se produce tras casi dos meses de retraso ocasionados por la incertidumbre generada por suspensiones de amparo.
El documento, firmado por las once consejerías del INE, advierte que el retraso podría comprometer la organización y reglamentación necesarias para garantizar elecciones seguras y eficientes en las 32 entidades federativas. Entre los principales retos que enfrentaría el proceso electoral, se destacan:
1. Manejo masivo de candidaturas
Con 881 puestos sujetos a elección popular, se estima un registro de aproximadamente 5,379 candidaturas. Esto requiere la asignación de espacios en radio y televisión conforme a las disposiciones del artículo 96 de la Constitución. Además, el INE deberá coordinar con las legislaturas locales para garantizar que todas las candidaturas cuenten con acceso a medios en tiempo y forma.
2. Diseño y producción de boletas innovadoras
Se plantea la necesidad de crear boletas con un diseño especial debido al volumen de candidaturas, lo que podría implicar un tamaño mayor al habitual. Su producción y distribución en todo el país deberán realizarse en un periodo ajustado, lo que representa un desafío logístico importante.
3. Capacitación especializada
El INE señaló que los capacitadores y la ciudadanía involucrada en las mesas directivas enfrentarán un proceso de formación novedoso. Elaborar los materiales necesarios y garantizar la preparación adecuada en tiempos reducidos sería una tarea compleja que podría comprometer el desarrollo adecuado de las etapas del proceso electoral.
4. Coordinación entre elecciones federales y locales
Otro aspecto crítico es la alineación de los marcos geográficos entre la elección federal y las locales, lo cual requiere ajustes técnicos y operativos que demandan tiempo.
Razones detrás de la prórroga
El INE argumenta que los tiempos actuales son insuficientes para llevar a cabo todas las actividades necesarias sin comprometer la calidad y la legalidad del proceso electoral. Por ello, solicita que el Congreso de la Unión utilice sus facultades constitucionales para posponer la jornada electoral 90 días, pasando del 1 de junio al 29 de agosto de 2025.
Impacto político y social
La propuesta de prórroga plantea interrogantes sobre su impacto en la percepción ciudadana y en la legitimidad del proceso electoral. Además, abre un debate sobre la capacidad del INE para enfrentar retos logísticos y operativos en medio de un entorno político desafiante.
Con esta solicitud, el Congreso tiene la responsabilidad de analizar y decidir sobre el cambio de fecha, mientras el INE enfrenta uno de los desafíos más grandes en la historia reciente de los procesos electorales en México. ¿Será suficiente el tiempo adicional para superar los retos señalados?
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