Este lunes, organizaciones civiles, catequistas indígenas y sacerdotes alzaron la voz durante la misa de cuerpo presente del padre Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote tzotzil cuyo asesinato conmocionó a la comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El padre Marcelo, reconocido defensor de los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado el domingo en un ataque que muchos consideran resultado de su lucha contra la violencia del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano.
Luis Pérez, representante de la parroquia de San Andrés Apóstol, donde el padre Marcelo ejercía, declaró: “Al padre Marcelo lo mataron por denunciar las injusticias en nuestras comunidades, por alzar la voz contra la violencia del crimen organizado y la complicidad del Estado”. Estas palabras resonaron con fuerza entre los cientos de personas que asistieron a la ceremonia fúnebre, mayormente indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, a quienes el sacerdote defendió incansablemente.
El asesinato del padre Marcelo, ocurrido en el barrio Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas, ha desatado una ola de indignación en la región. A pesar de las amenazas previas que el sacerdote había recibido y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no actuaron con la diligencia necesaria, facilitando, según los denunciantes, su trágico destino.
Durante la misa, presidida por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, y el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, se condenó el asesinato del sacerdote y se exigió justicia. “Que no nos digan que México está bien. Hoy, nuestro México nos avergüenza. Las estrategias no han funcionado”, expresó el cardenal, quien además pidió la desarticulación de los grupos criminales que operan impunemente en Chiapas.
El impacto de la muerte del padre Marcelo es profundo, no solo por su vocación religiosa, sino por su dedicación a defender los derechos humanos en una de las regiones más golpeadas por la violencia en México. Desde el inicio del gobierno de Morena en 2018, al menos 23 defensores de derechos humanos han sido asesinados, un patrón alarmante que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del sacerdote y aseguró que no quedará impune. “Se está realizando la investigación correspondiente”, afirmó durante su conferencia matutina. Organizaciones como Amnistía Internacional también condenaron el crimen, exigiendo una investigación exhaustiva y eficaz.
Chiapas, estado que alguna vez fue símbolo de resistencia indígena y lucha por la justicia social, hoy enfrenta una creciente crisis de violencia. Organizaciones civiles advierten que la región se ha convertido en un “campo de guerra civil”, donde los grupos del crimen organizado han extendido su control, amenazando a líderes comunitarios y activistas.
El asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez es un doloroso recordatorio del peligro que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México. Según la ONU-DH, desde 2017, al menos 134 defensores han sido asesinados en el país, siete de ellos en lo que va de este año. La lucha por la justicia y la paz en Chiapas continúa, pero la muerte del padre Marcelo deja un vacío que difícilmente será llenado.
