Córdoba.- La anterior Administración incumplió con el marco normativo del proceso de la entrega-recepción, debido a que hicieron la cesión por cada una de las áreas y no de manera general como lo establece la guía de procedimiento. La noche del pasado miércoles la Sindicatura entregó de manera formal a la Contraloría el acta circunstanciada de lo que recibió de la anterior Administración, por lo que ahora procede la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos, bienes, obras y cuentas, posteriormente la calendarización para hacer la visita y comprobación de la existencia de ellos, así como el estado que guardan.
La contralora, Lilia Ramírez comentó que lo que sigue dentro del proceso de recepción es que con el apoyo del despacho externo de la abogada Ingrid Tapia se revisarán cada uno de los documentos y obras, se hará un dictamen del contenido; este procedimiento podría llevar más de 20 días, pues el Cabildo debe instalar una comisión de funcionarios que harán la revisión y avalarán lo recibido; ésta última será la que visite y compruebe. Sin embargo, a decir de la Contralora, la sorpresa que se llevaron es que es que la anterior Administración debió haber entregado de manera general y no área por área, pues según lo que establece la guía para el proceso de entrega-recepción aprobado por el Congreso del Estado, el paquete debió haber contenido nueve puntos, entre los cuales destacan: la Planeación, Marco Regulatorio y Situación Legal, Financiera, Administrativa, Inversión y Obra Pública, Control y Fiscalización, y Compromisos, además de los Organigramas, Manuales Administrativos, Programas de Inversión, Cierres de Ejercicio, Informe de las Comisiones del Ayuntamiento, entre otras.
Dijo que son 44 actas que les entregó la Sindicatura, aunque esto no va muy apegado a la normativa al hacerse de manera parcial, lo que provocó más trabajo y más tiempo para revisar cada área.
Ahora tienen 30 días para revisar de manera exhaustiva y entregar su reporte al Congreso y al Orfis, un año para que se finque responsabilidad legal a las autoridades pasadas en caso de encontrar irregularidades, sobre todo en materia del mal uso de los recursos públicos.
