- señala ambientalista
- La declaratoria pareciera un gran acierto, incluso un ejercicio brillante de sus atribuciones y un hit de sus abogados
Orizaba.- El presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas AC y coordinador Estatal de la Iniciativa Ambiental Veracruz, Graciano Illescas Téllez, calificó de “incoherente, unilateral, discrecional, e incluso, cuestionable desde el punto de vista de la legalidad el modo en que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), ha venido atendiendo la grave problemática que padece Veracruz en materia de residuos y como resultado de ello, está conduciendo dicha problemática a una crisis ambiental aún mayor”.
A unos días de que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Declaratoria de Emergencia Ecológica del Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas ubicado en el municipio de Nogales, es decir, el pasado 22 de febrero del presente, destacó que dicha declaratoria pareciera a primera vista un gran acierto de la PMA, incluso un ejercicio brillante de sus atribuciones y un hit de sus abogados.
Esto, “si no fuera porque no se ha hecho lo mismo con muchas otras decenas de tiraderos ilegales que siguen operando incluso bajo la recomendación de la Procuraduría, como lo han manifestado varios alcaldes y líderes sociales”.
El biólogo y ambientalista, resaltó que estos comentarios son “sin considerar los errores ortográficos y que son por un lado divertidos y por otro garrafales”; sin embargo, es preciso subrayar que el citado decreto cuenta con un Dictamen Técnico Ambiental elaborado por una especialista, cuyo nombre dicho sea de paso, la PMA tenía el deber de haber
resguardado”.
Dijo que en él “se indica que el relleno sanitario cumple con seis de nueve criterios considerados por la NOM 083 SEMARNAT 2003 y si bien existen deficiencias que ameritan importantes medidas de saneamiento, la PMA consideró pertinente resolver el problema apoderándose de dicho sitio de disposición final, poniéndolo bajo su propio resguardo”.
“Genera serias dudas sobre la actuación de la Procuraduría, tan preocupantes que diversas organizaciones preparamos ya una petición que será elevada hasta los más altos niveles del Gobierno federal y estatal, de los congresos y de instituciones de derechos humanos, porque no es imposible que se ignoran y menosprecian la concurrencia de otras instituciones públicas y las exigencias de transparencia que hacemos desde la sociedad”.