Agencia
Nacional.- A solo unos días de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inicie la dictaminación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de claridad respecto al presupuesto necesario para llevar a cabo la reforma se ha convertido en un tema candente. Las estimaciones del costo para la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros varían significativamente entre las autoridades involucradas.
El senador morenista Ricardo Monreal Ávila ha señalado que el gasto para la elección de estos cargos judiciales podría oscilar entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. Monreal sugiere que estos fondos podrían ser tomados de los 23,000 millones de pesos que actualmente se encuentran en fideicomisos del Poder Judicial, los cuales serán remitidos a la Tesorería de la Federación.
Por otro lado, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha estimado que el costo de la elección podría ser de aproximadamente 7,500 millones de pesos, aunque ha subrayado que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) fijar el monto final. En contraste, algunos cálculos provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sugieren que el costo total podría alcanzar hasta 30,000 millones de pesos.
De acuerdo con el “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México” realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, el costo del proceso electoral para elegir a los nuevos juzgadores podría representar una carga financiera innecesaria para el erario. Este análisis destaca que, aunque el presupuesto electoral para 2024 es de más de 60,000 millones de pesos, la elección de la judicatura nacional implicaría elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de más de 40,000 candidatos. Esto podría traducirse en un costo cercano a la mitad del presupuesto destinado a las elecciones federales, es decir, unos 30,000 millones de pesos.
Adicionalmente, el costo de las liquidaciones para los alrededor de 1,600 ministros, magistrados y jueces que serían separados de sus cargos podría superar los 8,000 millones de pesos. Esto se debe a que el personal judicial en servicio tiene una antigüedad considerable, acumulando años de experiencia en el cargo. La liquidación de los magistrados, considerando un promedio de tres meses de salario y una prima de antigüedad, podría costar alrededor de 4,653 millones de pesos. Para los jueces, el monto estimado es superior a 3,400 millones de pesos, lo que lleva el total a al menos 8,054 millones de pesos, sin contar la indemnización de los ministros de la Suprema Corte, cuyos ingresos anuales brutos suman cinco millones 529,450 pesos.
En resumen, el proceso de reforma al Poder Judicial no solo enfrenta una serie de incertidumbres en torno a su impacto presupuestario, sino que también podría acarrear costos adicionales significativos relacionados con las liquidaciones y el potencial aumento de juicios laborales que podrían llegar a instancias internacionales. La comunidad política y los ciudadanos aguardan con expectación una definición clara sobre el impacto financiero de esta reforma crucial.
