AGENCIA
Juárez.- Un Juez imputó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público derivado del incendio en una estación que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El funcionario seguirá su proceso en libertad debido a que el delito del que es acusado no amerita prisión preventiva oficiosa, determinó el Juez en una audiencia programada a las 9:15 horas este martes en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez.
El Juez también impuso la medida cautelar de presentación periódica quincenal a partir del 2 de mayo; el comisionado se acogió a la duplicidad del término constitucional.
En entrevista el comisionado Francisco Garduño aseguró que su audiencia continuará el domingo próximo y que su abogado sería el vocero en relación con el caso.
“Tenemos todos los elementos para tener nuestra defensa, en la siguiente audiencia que va a ser el domingo. Está programada para el domingo en la mañana”, informó.
Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Francisco Garduño, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la prisión preventiva; sin embargo, el Juez la consideró desproporcionada y excesiva.
“Los funcionarios han cumplido con el apoyo a las víctimas y en el desarrollo de la investigación, por lo tanto, no había una razón para tener prisión preventiva”, dijo en entrevistas con medios.
Agregó que en la audiencia la FGR solicitó también la separación del cargo de Garduño como comisionado, así como la vigilancia y prohibición de salir del país.
“También se hicieron los argumentos correspondientes en la audiencia y el juez (…) consideró infundada la petición de suspenderlo del cargo y que no pudiera salir del país, porque es necesario en relación con que es necesario porque lleva una función con autoridades sobre todo de Estados Unidos”, resaltó.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Garduño de ejercicio ilícito del servicio público, por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes“.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa.
Por otra parte, un Juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, director general de Control y Verificación Migratoria del INM.
Por el caso, previamente fue procesado el contralmirante Salvador González, quien era jefe del INM en Chihuahua, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión, y se encuentra en prisión preventiva.
También están en prisión preventiva otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente comenzó el fuego.
