de la Redacción
el buen tono
Córdoba.- Ni el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ni la Fiscalía General del Estado han actuado en consecuencia para castigar el presunto fraude cometido en su momento por la administración anterior de Córdoba, encabezada por Leticia “N”, en el caso de las torres de vigilancia, por las cuales se gastaron 7.5 millones de pesos y donde murieron dos policías.
Hasta el día de hoy, el caso no ha recibido el castigo que merece y, para colmo, las casetas no han sido utilizadas por el gobierno para cumplir su propósito original de vigilar y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El desfalco en torno a las casetas de videovigilancia ha generado un profundo sentimiento de indignación entre los ciudadanos, quienes ven cómo su dinero se ha esfumado sin que haya una rendición de cuentas o consecuencias para los responsables.
A pesar de la clara evidencia de malversación de fondos públicos, hasta el momento no se ha reportado ningún avance significativo en la investigación ni se ha aplicado la justicia que el caso amerita.
La promesa inicial del gobierno de castigar la impunidad de la pasada administración municipal, sigue sin cumplirse.
Estas estructuras permanecerán sin uso aparente, lo que plantea la interrogante de si alguna vez tuvieron un propósito real o si simplemente fueron utilizadas como una estrategia para el desvío de fondos.
El Buen Tono documentó cómo la pasada administración se hizo valer de facturas falsas y prestanombres, para adjudicar estas torres, las cuales se crearon en un taller de la colonia Paraíso y se presumieron como si fueran nuevas y de alta gama.
Dicha corrupción cobró la vida de dos policías, quienes fueron atacados a balazos cuando se encontraban en las torres, que solo fueron construidas de lámina y fibra de vidrio, sin que representaran ninguna protección para los uniformados.