Sostengo que en este país no se proporciona justicia, los procedimientos y contenidos de las leyes son más importantes aunque se hayan cometido delitos, así lo demuestra el resolutivo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 23 de enero del año en curso.
La señora Florence Cassez de origen Francés, integrante de una red de secuestradores, según las resoluciones de diversos jueces determinaron que había sido cómplice en los secuestros, inclusive se ha narrado que Cassez cambiaba muertos, orejas y dedos de personas que mantenían secuestradas por dinero. Se puede concluir que la SCJN perdonó a una secuestradora que ya había sido juzgada.
Es vergonzoso mencionar que esto que sucedió a nivel de SCJN, que es el máximo órgano de justicia del país, donde están los abogados de la República, sucede todos los días en los juzgados de primera instancia y en los Ministerios Públicos, tanto estatales como federales y qué decir de las policías de los tres niveles de gobierno, quienes comenten impunidad permanentemente.
Existen dos formas de que esto no suceda: teniendo suficientes recursos económicos para poder modificar cualquier criterio legal en contra y acercar la justicia de manera personal, o con recomendaciones superiores para desvirtuar las leyes o más bien orientar las leyes a su antojo. En algún momento podríamos decir que la justicia federal estaba exonerada de este tipo de prácticas que son comunes en nuestro país. Sin embargo, con el resolutivo que por mayoría emitieron los ministros de la SCJN, otorgándole el amparo y protección de la justicia federal a la francesa, ordenando la libertad inmediata de está secuestradora, bajo el criterio de que dentro del juicio se violentaron procedimientos y consecuentemente sus derechos humanos; no preguntamos, ¿y los derechos humanos de la víctimas? No obstante, que el delito de secuestro fue ampliamente demostrado, tan es así que el cabecilla de la banda de esta secta está en la cárcel purgando una condena por habérsele comprobado, igual que a la francesa, el delito de secuestro.
Se podrían mencionar tanto temas de juicios civiles, mercantiles, penales; en fin, de todo lo que tenga que ver con terceras personas, que aparentemente deberían impartir justicia, incluidas las auditorias que se practican en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; en todos los casos siempre nos encontraremos el amiguismo, compadrazgo, complicidad o la mordida tradicional por encima de la ley, con criterios mediocres que traen como consecuencia interpretar sus leyes y no la aplicación estricta de la justicia.
Me permitiré poner un ejemplo, la ley en todos los niveles de gobierno permite la prescripción de la acción, anteriormente era de tres años, ahora es de cinco, es decir, que algún funcionario puede cometer cualquier delito, los alcaldes o funcionarios de cualquier nivel pueden desviar recursos económicos del erario público, se pueden enriquecer, sin son amigos del gobernante en turno, los titulares de los órganos encargados de la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, con una instrucción hacen caso omiso de cualquier delito; contrario sensu, si un alcalde o funcionario de cualquier nivel de gobierno, hacen las cosas bien, respetando y cumpliendo todas las disposiciones de ley, pero tiene el desatino de no ser amigo o cómplice del gobernante en turno, entonces las leyes que se le aplican son contundentes, de tal manera que entregan su dignidad o de plano inician el camino tortuoso con la finalidad de demostrar ante los órganos jurisdiccionales su inocencia.
Nos debemos cuestionar, ¿hasta cuándo seguirá sucediendo esto en nuestro país?, ¿hasta cuando las autoridades que debe aplicar estrictamente las leyes e impartir justicia lo harán?, es por ello que se propone y seguiremos proponiendo en donde nos encontramos, que se haga justicia con las mismas leyes, que se elimine el fuero constitucional y que las acción penal no prescriban o por lo menos alargar el tiempo de la prescripción.
Cuando tuve el alto honor de ser diputado en el Congreso de Veracruz, recuerdo que se aprobó con el voto de 49 diputados y uno en contra, una reforma a la procuración de justicia, donde se planteaba, entre otras cosas, que si un juez resolvía un caso omitiendo o violentando algún procedimiento que la ley señala, por la vía de la demanda se le sancionaría destituyéndolo de su encargo, juzgándolo de acuerdo al delito, reponiendo la pérdida si fuese económica y quitándole su cedula profesional para que ya no ejerciera la profesión de abogado. Casi todos los diputados lo vimos bien, consideramos que con esta ley se acabaría tanta impunidad que existen en los juzgados y en los ministerios públicos; sin embargo, un diputado, por cierto abogado, se movilizó con jueces, magistrados y abogados entre otros, quienes le enviaron una carta al entonces Gobernador del Estado para que vetara esta reforma de ley, ya que la propia legislación faculta al Ejecutivo del Estado a que en un término de 10 días después de haber aprobado una ley o reforma por parte de la mayoría de los diputados que integran el Congreso del Estado, la pueda vetar. Así lo hizo y seguimos padeciendo el flagelo de la impunidad. ¿Usted qué Opina?
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