Córdoba.- El pasado lunes 19 de agosto del 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación general número 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante en el país y sobre todo en el estado de Veracruz.
Al respecto, dada la importancia de esta recomendación, el abogado David Ambrosio Molina, apoderado legal de este medio de comunicación, dijo que efectivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicó su recomendación general No. 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante en México, dirigida a la Secretaría de Gobernación, el Comisionado de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los secretarios de Seguridad Pública de los estados, así como a los procuradores generales de Justicia de las diferentes entidades federativas.
Estas autoridades tienen 30 días hábiles, para enviar a la CNDH las pruebas sobre el cumplimiento de la misma. La recomendación publicada en el Diario Oficial de la Federación, consigna que entre el 1 de enero del año 2000 y el 31 de julio de 2013, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, integró 842 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos relacionados con periodistas y medios de información.
El documento indica que en los 22 años de existencia de dicho Programa (1991-2013), inició mil 74 expedientes relacionados con agravios a periodistas, lo que hace evidencia de un incremento en las agresiones a los mismos. Que incluso puede ser mayor, si se toman en cuenta los casos registrados por las comisiones estatales de derechos humanos y los casos que no son denunciados.
La violencia contra periodistas, según el informe, indica que hasta el 31 de julio la CNDH ha registrado 85 asesinatos de periodistas, 20 desapariciones y 40 atentados a instalaciones de diferentes medios en 24 entidades de la República. Un dato más que refleja el contexto de inseguridad en que se encuentran quienes ejercen el periodismo, advierte que de 2005 al 31 de julio de 2013, se solicitó en 74 ocasiones a diversas autoridades la implementación de medidas cautelares.
Lo típico en estas es la ausencia de efectividad, por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar las agresiones relacionadas con asesinatos, desapariciones y atentados a medios. Los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero, encabezan el registro gráfico sobre las entidades federativas donde han ocurrido el mayor número de asesinatos y desapariciones de periodistas.
Con relación a las investigaciones en los delitos cometidos contra integrantes de la comunidad periodística, la recomendación integra una lista con las distintas irregularidades que ocurren durante la integración de las investigaciones, lo que denota una conducta sistemática consistente en que “aún cuando los agentes del Ministerio Público, a cargo de las averiguaciones previas correspondientes, las inician de forma prácticamente inmediata, al disminuir la presión social, producto de la difusión de los sucesos en diversas instancias informativas, incumplen con su obligación de practicar todas aquellas diligencias en la indagatoria, tendientes al esclarecimiento de los hechos, o bien, prolongan injustificadamente el tiempo de la integración, lo que ocasiona la ausencia de resultados para esclarecer los hechos, con la consecuente omisión de garantizar a las víctimas o a sus familiares, así como a la sociedad, el derecho a conocer la verdad sobre los sucesos y las circunstancias de tales violaciones”.
En su recomendación la CNDH hace patentes los obstáculos y falta de colaboración, por parte de las autoridades procuradoras de justicia a partir de algunos casos en la materia de esta recomendación, entre ellas diversas delegaciones de la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; así como las entidades federativas de Chihuahua y Nuevo León, mediante solicitudes realizadas en octubre y noviembre de 2011, al igual “que las peticiones realizadas en agosto de 2012 y julio de 2013, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, que omitieron brindar una respuesta”.
Razón por la cual el organismo nacional defensor de los derechos humanos, llama a todas las autoridades a dar una respuesta decidida y efectiva en los tres niveles de gobierno, “para impulsar un sistema de seguridad pública efectiva, completa e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios”. Destaca entre sus recomendaciones las siguientes:
1.- Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que, en cada caso, se realicen las diligencias respectivas para integrar una indagatoria eficaz, con objeto de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a fin de erradicar en el futuro la repetición sistemática de las violaciones a derechos humanos descritas en el capítulo de observaciones de esta recomendación.
2.- Se implementen y apliquen de manera decidida, frontal y permanente las medidas necesarias y adecuadas para impulsar un combate a la impunidad, a fin de que se resuelvan las averiguaciones previas procedentes a la brevedad posible, para el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones, atentados, amenazas, así como todos y cada uno de los demás agravios ocurridos contra periodistas.
3. Se giren instrucciones, a quien corresponda, para que se analicen las indagatorias descritas que se encuentran en reserva, a fin de que se valore la posibilidad de recabar mayores elementos de prueba que permitan reactivarlas y, en su caso, pueda consignarse ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
4. En el caso de las averiguaciones previas consignadas, se instruya a los agentes del Ministerio Público competentes para que impulsen las medidas necesarias ante las autoridades jurisdiccionales, a fin de que éstas determinen, conforme a derecho, la responsabilidad de los probables responsables en cada uno de los casos en que fueron afectados periodistas o medios.
5. Se garantice a las víctimas o a sus familiares, así como a la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad respecto de los sucesos que dieron lugar a las violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio de los integrantes del sector periodístico, descritas en la presente recomendación general, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, impulsando la transparencia en la rendición de cuentas de los resultados de la investigación de los sucesos establecidos en estos casos.
Esta sería la segunda ocasión en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una recomendación general a autoridades federales y estatales ya en 2009, había realizado la recomendación 17/2009, con relación al asesinato y desapariciones de periodistas.
En el caso concreto del periódico El Buen Tono, como se sabe, el incendio que ocurrió el 6 de noviembre de 2011 donde 20 delincuentes entraron a las instalaciones para incendiarlas y hasta la fecha el Procurador no ha dado ningún informe de las investigaciones.
Además, por si esto fuera poco, en este momento esta casa editorial tiene presentado un juicio de amparo contra el Gobierno del Estado porque sus órganos de seguridad pública retiraron el resguardo y protección de las instalaciones de este diario, pues existe un desacuerdo con las injerencias que la vocera próspera, Gina Domínguez Colío, al trata de imponer la línea editorial a El Buen Tono.
