ORIZABA.- Aunque el nuevo impuesto al fomento educativo representaría un ingreso extra a los ayuntamientos, difícilmente éstos aceptarán cobrarlo a los ciudadanos ante la posibilidad de que en realidad nunca vean ese recurso, admitió el Diputado local.
“Sin embargo, a pesar de que ya se aprobó este cobro dentro de la Ley de Ingresos del Estado, los ayuntamientos tendrían que firmar un convenio con la Sefiplan para fijar los términos en los que se cobraría”, insistió.
El legislador señaló que este gravamen representa un 15 por ciento en algún rubro municipal en los ingresos extra de cada Ayuntamiento y les será devuelto el 7 por ciento a los municipios que lo incluyan; fue aprobado el pasado 23 de diciembre dentro de la Ley de Ingresos y Egresos del Estado para el 2016.
“No obstante, es dudoso que algún Cabildo apruebe esto, sobre todo por el esquema en el cual el Ayuntamiento tendría que depositar a la Sefiplan lo recaudado y posteriormente ésta retornará al municipio la parte que le corresponde, ya que ante la precaria situación administrativa en la que se encuentran las finanzas estatales, lo único que ocurrirá es que este recurso jamás lo recuperen los municipios y sólo sirva para cubrir algún pasivo del Gobierno del Estado en el mejor de los casos”, manifestó el legislador.
“De igual forma, la presión del Gobierno estatal estará ejerciéndose y sobre todo en los ayuntamientos priistas, a fin de que el cobro lo efectúen”, insistió.
Además, no descartó que los municipios rechacen esta iniciativa, ya que es una ley que lastima el poder adquisitivo familiar y serán los ayuntamientos quienes tendrán la responsabilidad de decidir en sus cabildos cobrarlo o no, puesto que la situación económica es lamentable en la entidad.