A diferencia de los días que prosiguieron al proceso electoral de 2006, el Instituto Federal Electoral ha librado las reacciones a los resultados de la jornada e incluso los reclamos bien fundados por las resoluciones que favorecieron al Partido Revolucionario Institucional eximiéndolo de su responsabilidad en el caso Monex.
Pese a que quienes llevan el timón del IFE van con un perfil bajo manteniendo al barco en navegación, el IFE presidido por José Woldenberg es para muchos un referente no superado hasta hoy. En gran medida porque sorteó hábilmente la primera elección de la alternancia. Además de que los integrantes que conformaban su Consejo General supieron mantener una sana distancia con los partidos políticos. Pero otro de los puntos en favor que en aquel momento tuvo la institución fue su compromiso con el impulso de una cultura democrática.
El mandato que tiene el IFE de dedicar recursos y actividades a la capacitación y educación cívica está establecido incluso en la Constitución. Además, el Código Federal de Procedimientos Electorales, en su artículo 105, señala que el IFE, además de llevar a cabo la promoción del voto, tiene la obligación de coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Nos corresponde asumir que por precepto legal y sobre todo durante el periodo en el que no se celebran elecciones federales, gran parte de los esfuerzos del Instituto Federal Electoral deberían estar concentrados en la educación cívica.
Si revisamos la Estrategia Nacional para la Educación Cívica que diseñó el IFE para ejecutarla a partir del 2011 con la intención de empezar a ver resultados este año y concluir en 2015, no cabe duda que se proyectaron metas ambiciosas que rebasan los recurrentes talleres presenciales. Le estrategia es novedosa porque pretende formar a cientos de líderes ciudadanos como promotores de la cultura democrática. La idea puesta en papel luce fantástica, pero en realidad el presupuesto destinado para materializarla y los procedimientos con los que se distribuye entre los ejecutores, el impacto real queda completamente diluido. Se reparte en proyectos entre organizaciones de la sociedad civil, que reciben recursos acotados y, en consecuencia, muy pocos resultados.
Resulta que a 10 años del IFE de Woldenberg, que tanto añoramos, el presupuesto para capacitación no se ha incrementado. El presupuesto que por acuerdo el Consejo General destinó a educación cívica en 2002 alcanzaba los 94 millones de pesos, mientras que para 2012 el Consejo General ha autorizado 91.1 millones de pesos a este rubro. En contraste, el presupuesto destinado a los paridos políticos creció mil millones de pesos en 10 años. Pese a que el número de partidos en 2002 es exactamente el mismo que este año, en el que se destinaron 2 mil 670 millones de pesos que para 2013 se elevaron a 3 mil 742 millones de pesos. Así que la inversión del IFE para fortalecer la cultura democrática en México se limita a 1.25%. Con las reformas constitucionales que incorporan mecanismo federales de democracia participativa como candidaturas independientes, consulta popular e iniciativa ciudadana, con mayor razón el IFE tendría que asumir un papel protagónico en la educación cívica de manera que no sólo consolide la participación en procesos de elección de representantes, sino que impulse el ejercicio de acciones ciudadanas en la vida cotidiana y en los espacios inmediatos de nuestra sociedad.
El Consejo General tiene tiempo para retirar su desdén por esta tarea. Ojalá lo haga, empezando por donde se muestran las prioridades y reasignando un mayor presupuesto al impulso de la cultura democrática. Este Consejo General está a tiempo de ser identificado como aquel que asumió el compromiso de construir ciudadanía, entendiendo que ciudadano es aquel que conoce sus derechos y sabe utilizar mecanismos democráticos para exigirlos.
@maiteazuela
Analista política y activista ciudadana