AGENCIA
Tabasco.- En los últimos años, Tabasco ha experimentado un aumento crítico en la violencia, con los homicidios incrementando casi un 300 por ciento (%) desde 2023. Este panorama ha estado marcado por denuncias de corrupción y presuntos vínculos entre altos funcionarios de seguridad y grupos criminales.
Uno de los principales focos de estas acusaciones recae sobre “La Barredora”, una organización criminal integrada por policías y ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo, antes conocido como “La Hermandad”, ha sido señalado por operar actividades ilícitas como tráfico de drogas, migrantes, trata de personas y control de antros y bares en el estado.
Un informe de inteligencia filtrado por Guacamaya Leaks en 2022 implicó a varios funcionarios de alto rango en Tabasco con “La Barredora”. Entre ellos destacan:
*Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública.
*José del Carmen Castillo, excomisionado de la Policía Estatal.
*Leonardo Arturo Leyva, exdirector de la Policía Estatal.
*Ulises Pinto Madera, alias “El Mamao”, exagente de la Policía Federal.
El informe señala que Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, habría permitido que un líder criminal conocido como “Pantera” tomara control de municipios estratégicos como Huimanguillo y Cárdenas.
Desde 2018, Tabasco ha sido gobernado por Morena bajo la administración de tres mandatarios: Adán Augusto López Hernández, Carlos Merino, y, desde septiembre de 2024, Javier May Rodríguez. Durante la gestión de López Hernández, la designación de Bermúdez Requena como titular de Seguridad Pública generó fuertes críticas por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
En diciembre de 2023, una ruptura interna dentro de “La Barredora” derivó en un atentado contra Bermúdez Requena en Villahermosa. Este evento desató semanas de narcobloqueos, balaceras y la quema de vehículos, lo que llevó a su renuncia en enero de 2024. Fue sustituido por el militar Víctor Hugo Chávez Martínez, quien, a pesar de ser ratificado por el gobernador May, enfrenta acusaciones similares de brindar protección al CJNG, en complicidad con el fiscal estatal José Barajas Mejía.
Ante el deterioro de la seguridad, el pasado miércoles 15 de enero, el Ejército mexicano desplegó un operativo especial en Tabasco con 2 mil 500 efectivos. Este despliegue busca frenar las actividades del crimen organizado y restaurar la tranquilidad en una entidad sumida en la incertidumbre.
El gobernador Javier May ha prometido combatir la impunidad y limpiar la administración de posibles complicidades. “Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad”, afirmó en conferencia de prensa.
Sin embargo, los retos siguen siendo enormes, pues Tabasco enfrenta una crisis de violencia que combina corrupción institucional, falta de resultados judiciales y la creciente presencia del crimen organizado.
