AGENCIA
Internacional.- La tarde del 7 de marzo, en el rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco, un grupo de mujeres de las Guerreras Buscadoras de Jalisco desenterraba la tragedia que el tiempo y la impunidad intentaron ocultar. Fragmentos de huesos, extremidades calcinadas y decenas de zapatos desordenados revelaron la existencia de un campo de exterminio ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Según estimaciones iniciales, al menos 200 personas podrían haber sido víctimas de este sitio, donde la muerte era un acto sistemático y el olvido una estrategia de poder.
Este macabro hallazgo ha sido interpretado como una consecuencia directa de la política de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, caracterizada por la estrategia de “abrazos, no balazos”. La negación de la crisis de violencia y la complicidad de las autoridades habrían permitido que estas prácticas de terror prosperaran desde 2018.
Un escándalo que traspasa fronteras
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum celebraba un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, en Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzaba en una investigación sobre presuntas relaciones entre el gobierno mexicano y cárteles de la droga.
Desde diciembre de 2024, una fiscalía federal en Nueva York ha estado analizando un expediente de 192 páginas en el que se acusa al expresidente López Obrador y a los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas) de recibir financiamiento de grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.
El expediente contiene testimonios en audio y video de operadores electorales de Morena que aseguran que estos grupos financiaron campañas políticas entre 2018 y 2024. Las acusaciones también apuntan a funcionarios de Morena en Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, así como a la Secretaría del Bienestar, encargada de administrar los programas sociales del gobierno federal.
Testimonios explosivos y pruebas en una corte federal
Uno de los testimonios clave es el de Jocelyn Hernández, exfuncionaria de la Secretaría del Bienestar y operadora electoral de Morena en Sinaloa durante la campaña presidencial de 2018. Según su declaración, el Cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en el estado, donde Morena ganó de manera abrumadora. Además, aseguró que los narcotraficantes exigieron posiciones políticas a cambio de su apoyo económico.
Hernández también reveló que, tras la victoria de AMLO, fue invitada a trabajar en la Secretaría del Bienestar, pero renunció luego de que se le pidiera participar en actos de corrupción relacionados con la entrega de tarjetas de programas sociales. En su testimonio, también implicó a Américo Villarreal, asegurando que facilitó reuniones entre narcotraficantes y políticos de Morena en Sinaloa y Tamaulipas.
Consecuencias y la postura de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura sobre el narcotráfico en México. A principios de marzo, la Casa Blanca declaró que la “relación entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga es intolerable”, señalando la falta de acciones contundentes contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.
Si el expediente en la corte federal de Nueva York avanza y se encuentra culpabilidad en las acusaciones, los implicados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua. El futuro político de México podría estar marcado por un escándalo de dimensiones históricas, en el que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción podrían redefinir el rumbo del país.
