Córdoba.- No sólo los policías deben someterse a las pruebas que certifiquen que quienes nos gobiernan o cuidan de nosotros no se drogan, sino que es responsabilidad de todo empleado de gobierno dar cuentas claras.
El caso de Miguel Ángel Martínez Patricio, el cual se trató de minimizar por parte del Gobierno del Estado, es una clara muestra de que no sólo en la Policía hay elementos adictos a las drogas, sino también hasta los que usan traje.
El video que circuló en Youtube bajo el título: “Trabajador de Gobierno se droga en Palacio de Gobierno, Xalapa, Veracruz”, causó indignación entre los diputados locales e incluso a nivel nacional.
Sin embargo, parece que no fue tan grande el asombro, pues no se han anunciado medidas correctivas y todo quedó en un castigo: “El señor Miguel Ángel Martínez Patricio, empleado del área de Intendencia de Palacio de Gobierno, fue sorprendido en flagrancia cuando inhalaba sustancias de uso industrial, utilizadas en sus labores, por lo que se ordenó su inmediata suspensión y la Contraloría Interna abrió una investigación”, indica un comunicado enviado en su momento por el Gobierno estatal.
Y todo porque, según el gobierno de Javier Duarte, la persona ahora suspendida padece insuficiencia renal crónica y cardiopatía. La prueba antidopaje no sólo se la deben practicar los funcionarios, sino también el gobernador Javier Duarte de Ochoa y los 212 alcaldes que gobiernan el territorio veracruzano, incluido el presidente municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal. Es lo menos que pueden hacer, después de que son una pesada carga para la sociedad. Al final no sirven más que para robar impuestos y el dinero del pueblo. La pregunta es: ¿Por qué no lo hacen? ¿A qué le tienen miedo? ¿A poco creen quedarse sin gente?
El Buen Tono
