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Internacional.- En un caso que ha conmocionado a Ecuador y ha levantado preocupaciones internacionales, la Fiscalía ha confirmado que los cuatro cuerpos calcinados encontrados en las cercanías de una base militar en la localidad de Taura, pertenecen a los cuatro adolescentes desaparecidos el pasado 8 de diciembre. Tras realizarse las pericias de genética forense, se confirmó que las víctimas son Saúl Arboleda, Steven Medina, y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años.
Los jóvenes fueron detenidos por una patrulla integrada por 16 militares en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, una zona fuertemente afectada por la violencia del narcotráfico. La detención, en principio por un supuesto robo, se produjo en medio de un operativo militar donde las Fuerzas Armadas mantienen presencia para combatir la creciente ola de crimen organizado.
El caso ha generado una ola de indignación tanto en el país como en organismos internacionales. En respuesta a las acusaciones de desaparición forzada, un tribunal penal ecuatoriano dictó prisión preventiva para los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes son investigados por este delito. La Fiscalía acusa a los militares de haber cometido una desaparición forzada, una pena que puede ser castigada con hasta 26 años de cárcel.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, defendió a los soldados, alegando que estos actuaron ante un presunto delito flagrante. Sin embargo, los militares aseguran que, tras la detención, los adolescentes fueron liberados en buenas condiciones, sin embargo, no se volvió a saber nada de ellos.
El hallazgo de los cuerpos el 24 de diciembre en una zona de manglares cercana a la base de la FAE en Taura, sumó más dolor a la tragedia, mientras que decenas de familiares y activistas se manifestaron frente a los tribunales pidiendo justicia. Los gritos de los manifestantes, quienes portaban carteles con leyendas como “Vivos los queremos ya”, resonaron en el aire mientras la sociedad ecuatoriana exige respuestas.
El caso ha causado alarma a nivel internacional. Organismos como la ONU y la OEA, así como numerosas organizaciones de derechos humanos, han expresado su profunda preocupación. También se han sumado a la condena cerca de 40 organizaciones sociales, responsabilizando al gobierno de Noboa por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de su lucha contra el crimen organizado.
