Amatlán.- Ayer se llevó a cabo el primer juicio oral, en la Sala de Juicios Orales, del penal de La Toma, con un sujeto detenido el pasado sábado, en situación de “cuasiflagrancia” de hechos, tras el asalto a una compañía constructora, de la avenida 12 y calle 21, donde 5 sujetos armados con pistolas despojaron de sus pertenencias al propietario del local y a 6 empleados, llevándose $200 mil que había en caja.
Tras el cierre de la sesión, después de 4 horas, el juez determinó legalizar la detención del inculpado, Pedro Montejo Lázaro, de 40 años y con domicilio en la localidad Atoyaquillo, perteneciente al municipio de Amatlán, contra quien se instruye un proceso, por el delito de robo agravado, en agravio de Brauilio Flores Aguilar, Saulo Jordán Sosa Souza, José Roberto Figueroa Hernández, Concepción María Esther Paz Díaz Ordaz, Héctor Marcelo Hernández, Amalia Morales Osorio y Juan Antonio Cervantes Herrera.
La diligencia, llamó la atención de varios litigantes y empleados del Poder Judicial, ya que es la primera de este tipo, desde que se implementó el nuevo sistema penal acusatorio, para someter a proceso a un acusado que no fue detenido mediante orden de aprehensión.
El procedimiento fue encabezado por el juez Alfonso Balderas Ramírez, y en él intervinieron como parte acusadora, los agentes del Ministerio Público María Isabel Hernández Cruz y Benito Carpinteiro Solano, adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia; además participó la parte agraviada, así como el presunto inocente, y sus defensores.
De igual forma presenciaron el procedimiento, el Subrocurador Regional de Justicia, Ricardo Javier Carrillo Almeida, así como algunos agentes del Ministerio Público, y varios abogados litigantes, a fin de irse familiarizando con este tipo de procesos.
Sesión de 4 horas
Cerca de las 16:40 horas, el presunto inocente -como ahora ordena la ley que se le llame al acusado- fue sacado del penal para ser llevado a la Sala de Juicios Orales, un local de aproximadamente 5 metros de largo por 4 de ancho, habilitado con varios escritorios, acondicionados con micrófonos y un sistema de circuito cerrado, con varias cámaras, para la grabación de video. Por ello, está prohibido el uso de cámaras fotográficas, de video, y teléfonos celulares.
Un escritorio se ubica en la parte frontal para el juez, y dos a los lados, para los jueces de control y de juicio. La sala, cuenta además con otros dos escritorios laterales, para la parte acusadora y para la defensa, acompañados cada cual con las respectivas partes.
En la primera parte de la sesión, que inició a las 17 horas y tuvo una duración aproximada de dos horas, hubo un debate entre los agentes del Ministerio Público y la defensa del acusado.
Los titulares del MP aportaron y sustentaron jurídicamente sus argumentos, de que la detención fue con apego a lo que establece la Constitución y el Código Penal vigente, debido a que ocurrió de forma inmediata al hecho delictivo.
Con objeciones de la defensa, los investigadores prosiguieron, asegurando que al inculpado le fueron encontrados objetos consistentes en 2 maletas, conteniendo una computadora, 3 cargadores de baterías, una pistola tipo escuadra que resultó ser un encendedor, la cantidad de $34,800, y que además fue decomisada una camioneta Chrysler-Plymouth, blanca, en la que pretendía escapar, junto con otros 4 cómplices.
La defensa, argumentó sin contundencia que la detención fue ilegal, porque los policías interrogaron a su defendido; asimismo, que hubo inconsistencia al momento de asentar en los oficios la hora exacta de la detención, ya que en el oficio de la Policía indicaba que había sido detenido a las 13:00 horas, y en el de la puesta a disposición, que a las 13:05.
Otro aspecto a rebatir, fue el de la flagrancia, que según la defensa no se da, por haber transcurrido 15 minutos desde que se cometió el robo hasta el momento de la detención.
Asimismo, los defensores Abigail Marliú Montesinos y Juan Carlos Colorado Higuera, miembros del Instituto de Defensoría Pública -dependiente del Gobierno estatal, al igual que el Ministerio Público y el Juzgado- argumentaron que su cliente fue objeto de tortura, y que según su declaración fue sacado de una casa, alrededor de las 11 de la mañana, y que posteriormente los policías estatales le colocaron una maleta, diciéndole que tenía que decir que era suya, y para eso lo golpearon, lo patearon y le pegaron de tablazos en los glúteos. Ello, lo sustentaron con los certificados médicos de la SSP y de la PGJE.
El juez le preguntó en dos ocasiones al detenido si quería decir algo, pero este no habló, y por el contrario el agraviado Braulio Flores y una agraviada intervinieron para pedir al juez legalizar la detención.
20 horas El juez Alfonso Balderas, notifica a las partes su decisión de legalizar la detención del acusado, haciéndoles saber sus derechos.
Antonio Osorio
El Buen Tono
