AGENCIA
Campeche.- El pasado 6 de abril, un incidente crítico en la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex) desencadenó una explosión y un incendio, con repercusiones que han ido revelando un escenario aún más alarmante. Organizaciones de la sociedad civil han evidenciado la presencia de extensas manchas de crudo en el mar, las cuales han estado esparciéndose desde el 22 de marzo, afectando aproximadamente 390 kilómetros cuadrados de superficie marina hasta el 9 de abril, resultando en 18 días continuos de contaminación.
Imágenes satelitales confirmaron la magnitud del derrame, que había comenzado incluso antes de la explosión reportada, lo que sugiere negligencia y falta de medidas preventivas adecuadas. La falta de comunicación oficial por parte de Pemex, que inicialmente calificó el incidente como un “connato de incendio”, ha sido objeto de crítica por parte de ambientalistas, quienes exigen un diálogo abierto y transparente para abordar las consecuencias y las medidas futuras.
El impacto humano del desastre ha sido severo, con un saldo de dos personas fallecidas, una desaparecida y nueve heridas. Desde 2009, la infraestructura de Pemex ha sido escenario de 360 muertes en diversos incidentes, reflejando un aumento del 152 por ciento (%) en la frecuencia de estos accidentes en los últimos años, paralelo a una disminución del 49% en el presupuesto para mantenimiento.
Los ambientalistas han hecho hincapié en que la continua extracción y quema de combustibles fósiles está deteriorando el medio ambiente en México, y urgieron a una transición hacia políticas más sostenibles y seguras para el sector energético.
La situación actual no solo presenta un riesgo inmediato para la vida marina y las comunidades costeras, sino que también levanta cuestionamientos serios sobre las políticas de seguridad y ambientales de Pemex y la supervisión gubernamental sobre la industria energética.
Este incidente subraya la necesidad de una revisión y fortalecimiento integral de las prácticas y regulaciones de seguridad en Pemex, así como un compromiso renovado hacia la protección ambiental y la sostenibilidad en las operaciones energéticas del país.
