Córdoba.- El diputado federal, Víctor Serralde Martínez y por el alcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, gozan de impunidad ante delitos electorales. En el primero de los casos y según la queja administrativa o denuncia presentada ante el XIII Consejo Distrital del IFE con cabecera en Huatusco de fecha 12 de mayo de 2012 por Rogelio Silvestre Hernández, representante del PRI en dicho Consejo, en dichos actos habrían participado junto con Serralde Martínez, el presidente de AN en Huatusco, el entonces delegado de la Sedesol Abel Cuevas Melo y el coordinador estatal del programa Oportunidades, Miguel Ángel Yunes Márquez; con ello habrían violado el artículo 134 constitucional y el 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en prejuicio de la candidata a diputación.
De acuerdo con la queja formulada por el PRI, Serralde Martínez utilizaba indistintamente como casa de campaña y como oficina sede del Programa Oportunidades de la Sedesol las mismas oficinas, confundiendo con ello al electorado y violando los principios de legalidad, equidad y certeza, pues con ello, las más de 29 mil familias de 11 municipios inscritas al padrón de beneficiarios en el distrito, “se convirtieron simultáneamente en usuarios de oficinas del Gobierno federal y del comité de campaña del PAN”. El documento señala además que de uno y otro lugar entraban y salían activistas tanto de AN como empleados de la Sedesol que vestían las mismas camisas de identificación.
En otro adéndum de la misma denuncia, ésta del 27 de junio de ese mismo año, Silvestre Hernández amplía su denuncia al dirigente estatal, Enrique Cambranis Torres, esto en relación con que Serralde Martínez habría rebasado ampliamente el tope de campaña establecido por el IFE por la cantidad de un millón 120 mil 373 pesos, debido a que “habría derrochado recursos de manera exhorbitante porque ocupaba para sus tareas de proselitismo unas 30 camionetas Pick ups, casi todas Ford Ranger doble cabina con placas del Estado de México. Eso sin contar con los espectaculares, las 19 casas de campaña, lonas, pagos a personal, a estructiura de partido, etcétera”.
Según el representante tricolor, el alquiler de los vehículos se habrían realizado por terceras personas a la Arrendadora Casanova Chapultepec observándose que “los costos de arrendamiento de la camioneta doble cabina Ford Ranger es de 16 mil 060 pesos mensuales, que multiplicado por 30 camionetas representa una erogación mensual de 481 mil 800 pesos que multiplicados por tres de meses de campaña desde el 31 de marzo al 1 de julio de 2012, dan un gran total de un millón 445 mil 400 pesos”.
Con ello se habría rebasado ampliamente el tope de campaña, sin embargo, habría que agregarle el combustible, la comida y el salario de los ocho brigadistas por cada camioneta darían como resultado durante los 90 días de campaña un total de 2 millones 683 mil 620 pesos “que sumados al arrendamiento de las camionetas representa un gran total de 4 millones 129 mil 20 pesos, cifra más de tres veces superior al tope estipulado por el IFE”.
Hacen uso de recursos públicos
Otro uso de los recursos públicos en labores de proselitismo, asociados siempre a Sedesol, fue el cometido en el distrito de Cosamaloapan por el alcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano y otros funcionarios municipales para apuntalar la campaña de Francisco Arana en perjuicio del abanderado tricolor, Tomás Carrillo Sánchez, según la denuncia interpuesta por el representante distrital del PRI en esa demarcación, Casimiro Rey Méndez Cano, el munícipe habría promocionado ejecución y entrega de obra pública municipal asociada a la propaganda del PAN y de su candidato a legislador, para lo cual se valió de notas y otros productos periodísticos.
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