México, D.F.- El gobierno de Felipe Calderón tuvo la información y no actuó. Por lo menos desde 2010 se reportaron “movimientos inusuales” en las cuentas personales y de las empresas en las que se depositaban recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El principal nombre que sale a relucir en esas operaciones es el de Elba Esther Gordillo Morales, pero no el único. También está el del nuevo dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre.
La información de las triangulaciones con el dinero del sindicato pasó por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no descubrió nada nuevo, tomó la información ya existente y fue implacable contra la maestra: La acusó de dirigir “una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Así la presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante la justicia federal y le enderezó dos delitos graves: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”, según el pliego de consignación.
La UIF presentó en la PGR una demanda al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE por 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos entre 2008 y 2012, prácticamente durante todo el sexenio de Felipe Calderón; aunque en la consignación la procuraduría aseguró que hubo operaciones dentro del sistema financiero para distraer de sus fines lícitos recursos por cantidades iguales o superiores a los dos mil 466 millones 631 mil 710 pesos con 10 centavos.
