Fue un golpe seco al cabildeo en San Lázaro. Un revés a las ambiciones de algunos. Los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que les prohíbe aceptar dádivas o pagos en efectivo, en especie u otro beneficio de cualquier naturaleza por parte de persona alguna que participe de cualquier modo para influir ilícitamente en las decisiones de los legisladores.
No hay sanciones específicas. Sólo se establece que legisladores o personal de apoyo que acepten dádivas o pagos en efectivo serán castigados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la legislación penal.
La bronca es que a los primeros tendrían que desaforarlos antes de proceder.
Los servidores públicos tampoco podrán realizar actividades de cabildeo durante el ejercicio de sus funciones. La prohibición se extiende a cónyuges y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, según el decreto aprobado.
La iniciativa fue presentada por la diputada del Movimiento Ciudadano Merilyn Gómez Pozos. La mujer se veía contenta. Agradecida con los medios. “Sin ustedes no hubiera pasado”, dijo. Tres veces se la habían rechazado. Contó, incluso, que el tocayo priista Francisco Arroyo le aconsejó eliminar de la propuesta el tema de los familiares. “Hazlo si quieres que pase”, habría dicho.
El obradorista Ricardo Monreal dice contar con una relación de las empresas cabilderas que se mueven en San Lázaro. Asegura que son 549, varias de ellas extranjeras. “Actúan sin reglas, sin límites. Hay tráfico de influencias, conflicto de intereses”, puntualiza.
El coordinador del MC se apoyó en publicaciones recientes que aseguran que el gran capital ofrece a las empresas cabilderas hasta un millón de dólares por artículo modificado de la reforma hacendaria que tenga relación con la consolidación o el impuesto a las ganancias. Exige que la denuncia no quede en anécdota. “Hay que investigar”, dijo en tribuna.
Reiteramos la apuesta de ayer: dos a uno a que no investigan.
■La buena relación de Miguel Mancera con Enrique Peña empieza a dar dividendos para la Ciudad de México.
Entre los cinco acuerdos alcanzados en la reunión que Luis Videgaray, titular de Hacienda, sostuvo ayer con el jefe de Gobierno del DF y los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, PRI, y Silvano Aureoles, PRD, hay tres que específicamente benefician a los chilangos.
1) No desaparecerá el Programa para Adultos Mayores en la Ciudad; 2) Se creará un fondo de capitalidad que reconozca su carácter específico como capital de la República; 3) El DF accederá, por fin, al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social.
Me brinco una observación de Videgaray respecto a los acuerdos. El mérito de que se le haya quitado el IVA a conciertos, eventos deportivos y corridas de toros -otro de los acuerdos- se lo reconoce al PVEM. Los verdes son acérrimos enemigos de la fiesta taurina.
El quinto acuerdo tiene que ver con el Fondo Compensatorio a Entidades que permitirá a los estados recuperar los recursos faltantes por la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes.
¿Y el PAN? Quedó fuera de la jugada. Rechaza “totalmente” la reforma hacendaria.
■Josefina Vázquez Mota ya dio color. La firma de la ex candidata presidencial aparece en un desplegado del llamado grupo de “Panistas por México”, que aparece hoy en diversos diarios, en el que exigen a los legisladores del azul que asuman posturas propias de la oposición frente a las llamadas reformas estructurales.
El grupo lo encabezan los ex gobernadores Carlos Medina, Guanajuato; Ernesto Ruffo, Baja California; Fernando Canales y Fernando Elizondo, Nuevo León; Pancho Barrio, Chihuahua; Alberto Cárdenas, Jalisco, y el ex jefe nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. La firma de la ex candidata presidencial en ese desplegado parece decir que no está ni con melón ni con sandía. O para ser más claro: ni con Madero ni con Cordero.
■¿Hasta cuándo le van a poner un alto a las aseguradoras? ¿Dónde está la protección al consumidor?
Ahora le tocó a este reportero. El 3 de octubre le dieron un golpe a mi vehículo en avenida Palmas, Lomas de Chapultepec. La responsabilidad de la conductora del otro coche está plenamente reconocida. Tenemos el llamado “pase de atención al afectado”. Cualquiera diría que no hay problema. Llevamos dos semanas, y nada.
Desgraciadamente el seguro es de Bancomer. Cobrarles es un verdadero calvario. El golpe fue valuado en la agencia en 13 mil 400 pesos. Nos ofrecían siete mil 800 en efectivo. Lo rechazamos. Pedimos que nos dieran una orden para mandarlo a reparar a un taller. Se rehusaron. Subieron la oferta a 11 mil pesos.
Para no batallar, aceptamos. Pero el calvario se convirtió en martirio. Empezó el papeleo. Requerían copia de la credencial del IFE, carta poder, comprobante de domicilio, estado de cuenta del banco, número y CLABE.
Todo lo llevamos, excepto el estado de cuenta. Tenían el nombre del banco, el número de cuenta y la famosa CLABE. ¿Para qué el estado de cuenta? Son datos personales protegidos. Se lo explicamos una y otra vez a un hombre que dijo llamarse Jorge Abadie. Con la arrogancia del que se sabe impune, nos dijo claro que o llevábamos el estado de cuenta o no había pago. Le explicamos que reflejaba una imagen negativa de la empresa. “¡Hágale como quiera!”, nos dijo.
Mandamos un estado de cuenta. Tachamos los montos. Rechazado. Tiene que ser reciente. La quinta vuelta es hoy. A ver qué pasa. Un consejo. No compre ese seguro; son puros problemas.
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