Orizaba.- A la fecha, el Gobierno del Estado recauda 149 millones de pesos por el Reordenamiento Vial del Transporte Público.
Por lo anterior, en dos o tres días algunos taxistas iniciarán un procedimiento de amparo en contra de esta medida recaudatoria, así lo señaló el representante de dicho gremio, Jairo Guarneros Sosa.
Reunidos en el estacionamiento del mercado Cerritos, en el Norte de la ciudad, más de 200 concesionarios y choferes de taxis se manifestaron en contra de la cancelación de los permisos; acción que consideraron como “ilegal”.
Lo anterior, debido a que “el Estado es el responsable de que en algunos casos los taxistas no tengan un título. Que metan a la cárcel a los responsables, no a las víctimas”, refiriéndose manera directa a quienes fueron funcionarios en las administraciones anteriores y que -en posiciones inferiores- se mantienen en la Dirección del Transporte Público. Sentado arriba de un “bochito” y con un micrófono en una de sus manos, Guarneros Sosa alzó la voz para manifestar que quitarle la concesión a un taxista (con derecho de tenerla) “es un castigo excesivo”, porque fueron víctimas de un sistema corrupto, en el que los funcionarios se llenaron los bolsillos de dinero, algo que el nuevo Gobierno también quiere hacer, mediante una medida recaudatoria disfrazada de Ley.
Una de las inconformes tomó el micrófono para exponer la corrupción que se registró en el módulo de Fortín de las Flores, ya que el sábado pasado el sistema no validó muchas de las concesiones, por lo que muchos estuvieron al punto de cometer actos de violencia.
Ante ello, el representante de este grupo inconforme mencionó que se reunieron con diputados de diferentes fracciones, quienes les aseguraron que estaban de su lado y les prometieron que buscarían pactar una reunión con el Gobernador del Estado para que sean escuchados.
