Córdoba.- El Ayuntamiento se niega a acatar medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivada de una queja interpuesta por una comerciante del parque de San José.
Desde hace un mes, la Coordinación de Comercio exigió a una comerciante, que instalaba un brincolín en el parque de San José los fines de semana, una cuota de mil 800 pesos por el uso del espacio público.
Ante esta irregularidad, la afectada interpuso una queja ante la CEDH y una solicitud de amparo ante la Unidad de Procuración de Justicia, así como otra denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
A decir del abogado defensor de la afectada, Juan Carlos Fernández Zulueta, se le pidió a Derechos Humanos medidas cautelares a favor de la quejosa, porque ella está dentro del Padrón de Víctimas del Estado, sin embargo, hasta la fecha no han sido acatadas por el Ayuntamiento.
Lamentó que las autoridades municipales estén violando el Artículo 5 Constitucional del derecho al trabajo honrado, pues a pesar de que la denunciante ha solicitado el permiso, la autoridad, de manera absurda, dice que no se le va a permitir instalarse hasta que no retire la queja y las acciones legales en contra del Ayuntamiento y Comercio.
Sobre el cobro, aunque las autoridades argumentan que las cantidades corresponden a lo marcado por el Código Hacendario Municipal, dice que es un costo por día y ellos le están cobrando todo el mes, se instale o no.
A pesar de que Tomás@elalcahuetedePortillayLavín ya tiene conocimiento sobre la solicitud de medidas cautelares, se niega a aceptarlas, debido a que lo está convirtiendo en un asunto de revictimización de la quejosa, indicó el abogado.
Fernández Zulueta agregó que es preocupante lo que está haciendo la actual Administración, al negarse a atender una petición de la Comisión de Víctimas, de la cual existe una Ley, incluso, que viene a la par con la Alerta de Género, sin embargo, el Instituto Municipal de la Mujer en los hechos no defiende a la comerciante, porque incumpliría con los intereses del propio Gobierno Local.
Sobre las deudas que se adjudican a la denunciante, dijo que es falso, porque hasta ahorita no ha recibido de la Tesorería ninguna notificación.
En ese sentido, dijo que buscarán que la autoridad respete y dé cumplimiento a lo convenido por parte de la Comisión de Derechos Humanos.
