AGENCIA
Nacional.- El Gobierno de la Ciudad de México ha promulgado hoy un decreto que tipifica como delito la violencia vicaria, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. Esta medida, avalada por el Congreso capitalino el pasado 21 de mayo, establece penas de hasta seis años de prisión y la pérdida de la patria potestad de los hijos mediante sentencia judicial.
Según el decreto, la violencia vicaria se define como cualquier acto u omisión perpetrado por alguien que mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer. Este individuo ejerce violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra la mujer, utilizando como medio a sus descendientes, ascendientes, personas con discapacidad o enfermedad bajo su cuidado, mediante amenazas, intimidación, puesta en peligro o cualquier acto de violencia.
Para hacer efectiva esta medida, se han publicado reformas al Código Civil y al Código Penal de la Ciudad de México. En el Código Civil, se aplicarán disposiciones del Artículo 323 Sextus y 444, fracción XI, mientras que en el Código Penal se añadió el Artículo 323 Séptimus, estableciendo penas de dos a seis años de prisión y la pérdida de derechos sobre las víctimas, incluyendo los de carácter sucesorio y patria potestad.
Además, se ha reformado el Artículo 148 Bis del Código Penal para aumentar las penas por feminicidio. Ahora, quienes cometan este delito enfrentarán penas de 35 a 70 años de prisión en contextos de explotación sexual o trata de personas en agravio de la víctima. Anteriormente, la pena máxima era de 60 años.
La reforma también especifica que se aplicarán penas de hasta 70 años de prisión en casos de feminicidio cometido por dos o más personas, en presencia de personas con vínculos afectivos con la víctima, cuando se use el oficio de conductor de transporte para cometer el delito, o cuando la víctima sea una niña menor de 12 años, adolescente, mujer con discapacidad o mayor de 60 años.
Ambos decretos entrarán en vigor un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fortaleciendo así las medidas legales contra la violencia de género y los delitos que afectan a mujeres y personas vulnerables.
