AGENCIA
Chihuahua.- Ante el regreso de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos y las posibles deportaciones masivas a partir del 20 de enero, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que el estado no se convertirá en un albergue para migrantes deportados.
La mandataria panista explicó que, aunque se brindará apoyo en los centros de procesamiento para registrar y orientar a los migrantes, estos serán enviados a sus lugares de origen de manera inmediata. “Vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen a procesarlos, tomar sus datos y guiarlos para que se regresen nuevamente a su estado y municipio”, puntualizó.
Campos destacó que, como parte de un gobierno humanista, se garantizará el respeto a la dignidad de las personas migrantes durante su estadía temporal en Chihuahua, pero descartó que el estado funja como refugio permanente. “El estado de Chihuahua no es un albergue para los migrantes”, afirmó.
Esta postura contrasta con medidas adoptadas en otras entidades del país, donde se preparan albergues para atender las necesidades de los deportados ante las amenazas de una política migratoria más estricta por parte de Trump.
La declaración de la gobernadora ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad estatal en la crisis migratoria y los retos que plantea el posible aumento de deportaciones desde Estados Unidos.
¿Quién le sugirió a la Gobernadora que otros mexicanos no pueden estar en Chihuahua en las condiciones que se encuentren? Ésta señora no pudo ocultar la naturaleza de su clasismo panista.
Los municipios (y también los gobernadores) fronterizos, saben perfectamente bien que el Gobierno Federal no tiene la más mínima intención de apoyar. Básicamente “mientras más lejos, mejor”; o bien “ahí que se lo echen la bronca”. De ahí la postura.
Si vienen a trabajar está bien, el problema es que quieren que los mantenga el gobierno de Chihuahua mientras migran a EU, quieren estar mantenidos por el gobierno.
